DS(P) nº 46/5 del 7/6/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoras y señores Procuradores, buenos días. Se reanuda la sesión. Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al duodécimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Duodécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Antonio Herreros Herreros, relativa a solicitud al Gobierno de la Nación de diversas actuaciones en el conjunto de Sintel".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Herreros, tiene la palabra para hacer la presentación de esta propuesta.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente, Señorías. Vamos a tratar en esta primera Proposición No de Ley de la mañana de un asunto que, a pesar de su dramatismo, tan sólo ha conseguido que en los medios de comunicación públicos haya aparecido dos minutos y, además en la segunda cadena, cuando un grupo de trabajadores, mil quinientos, pertenecientes todos a la empresa, al Grupo Sintel, llevan acampados en La Castellana hoy ciento treinta días, cuatro meses y diez días. Y, lógicamente, recibiendo mucha solidaridad, al mismo tiempo que aguantando todas las inclemencias de un invierno desapacible, de los calores de estos días -que no lo son menos-, y todo ello para reclamar, primero, el pago de diez nóminas que se les adeudan, segundo, la pretensión de reflotar o, al menos, ver una salida a la empresa a la que pertenecían -y digo pertenecían, porque en estos momentos ha sido admitida por los Tribunales la quiebra-; en todo caso, para solucionar el gran problema que supone para un número muy alto de familias y que para la Comunidad Autónoma de Castilla y León suponen en torno a doscientos cincuenta trabajadores.

Recientemente se había presentado una propuesta de esta misma naturaleza en el Congreso de los Diputados, allí se llegó a un acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios para conseguir el que el Gobierno interviniese de forma directa en la solución de la crisis.

Aquí hemos tenido también la oportunidad de ponernos en contacto con todos los Grupos Parlamentarios y, al final, de lo que pretendíamos, que era la sugerencia de buscar un papel activo del Gobierno de la Nación, e incluso de implicar a la propia empresa matriz, Telefónica, del deseo de una actuación urgente para paliar la precaria situación en la que están, y de que hubiese una actuación por parte de la Fiscalía, y después de haber recibido una Enmienda de Sustitución por parte del Grupo Parlamentario Popular, hemos llegado a un texto común de acuerdo, porque realmente creemos que puede hacer un impacto mayor, puede conseguir mayor efectividad, puede implicar a todas las partes que están dentro del conflicto y puede proyectar una cierta esperanza sobre una situación realmente preocupante y dramática.

Me imagino que los antecedentes les conocen perfectamente Sus Señorías. En mil novecientos noventa y seis se vendió, que más que se vendió se regaló, el Grupo Sintel a la familia cubano-americana Mas Canosa, por un precio de 4.900 millones de pesetas, asegurándole, eso sí, que iba a haber una cartera de pedidos de 75.000 millones de pesetas; y, lógicamente, por parte de Telefónica, que decide subcontratar más del 40% de la cartera de trabajo para esta empresa. Sin embargo, a partir de ese momento se inicia todo un expediente preocupante: regulación de empleo, despidos y expedientes de supresión prácticamente de la empresa, a pesar de que en mil novecientos noventa y siete había presentado unos beneficios de 2.600 millones de pesetas y en el año dos mil todavía había presentado unos beneficios de 3.400 millones de pesetas. Sin embargo, una gran argucia legal que han sabido tramar para llegar a conclusiones que, realmente, son preocupantes, y que la Fiscalía Anticorrupción del Estado lo ha llegado a calificar de presunta estafa contra los intereses y derechos de los trabajadores.

Es por esta razón que nos parece absolutamente necesaria, conveniente la... el posicionamiento de estas Cortes, la solidaridad y la generosidad de estas Cortes para conseguir que se haga justicia y que puedan retomar de forma común y ordinaria, como todas las familias, éstas que están pasando un auténtico calvario. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una Enmienda a esta Proposición No de Ley. Para su defensa tiene la palabra.

EL SEÑOR LÓPEZ BENITO:

Gracias, Presidente, Señorías. Todos somos conscientes de la situación que atraviesa la empresa Sintel y, especialmente, de la dramática situación de los mil ochocientos trabajadores y de sus familias, muchos de ellos ciudadanos de esta Comunidad.

Lo primero que quiero dejar bien claro, quiere dejar bien claro el Grupo Popular, es su solidaridad con los trabajadores de Sintel. Tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno Central están sensibilizados con la situación de los trabajadores y han puesto todos los medios de que dispone el Gobierno, dentro del marco legal, para intentar dar una solución que permitiera solventar la crisis que viven los trabajadores de la empresa Sintel. Se han tomado también distintas iniciativas parlamentarias con el apoyo de todos los Grupos Políticos para contribuir a dar una salida de la crisis, y se han llevado a cabo desde la Junta de Castilla y León distintas medidas de colaboración con los trabajadores.

Creemos, desde el Grupo Popular, que es necesario que el Gobierno siga impulsando, como ha venido haciendo hasta ahora, el diálogo entre las partes afectadas para buscar la mejor solución a esta crisis, siempre dentro del marco legal, y aplicando los mejores referentes que ha utilizado el Gobierno para ayudar a trabajadores y a empresas en crisis.

Y ello le decimos, aun teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa que ha sido intervenida judicialmente, que es una empresa privada, que está sometida a un proceso concursal, con un Juzgado que, primero, ha declarado su suspensión de pagos y su insolvencia, y que hace apenas unos días ha aceptado la solicitud de quiebra de la empresa.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha seguido muy de cerca este conflicto, pese a que su dimensión determine que los ámbitos de discusión y solución del mismo estén muy alejados de las competencias que tiene atribuida la Comunidad Autónoma; y, en este sentido, hay que decir que el Gobierno Regional, en todo momento, se ha interesado, ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, solicitando que se hiciera lo posible para alcanzar, cuanto antes, una solución que permitiera garantizar la viabilidad y el futuro de la empresa Sintel.

También, en relación a los distintos expedientes de regulación de empleo promovidos a iniciativa de la propiedad de la empresa, la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León ha emitido el informe preceptivo, que siempre ha sido disconforme con esos expedientes de regulación de empleo, y, además, se han llevado a cabo también importantes gestiones en relación a la compensación por la falta de cobro de salarios.

En este sentido, desde la Dirección General de Trabajo de la Junta de Castilla y León se han hecho gestiones con Caja España para negociar préstamos a los trabajadores de Sintel en las condiciones más ventajosas posibles, que contribuyeran, de alguna manera, a paliar la situación económica que atraviesan los trabajadores por el impago de sus salarios. Fruto de estas gestiones se ha conseguido un acuerdo con Caja España de Inversiones, para que anticipe a los trabajadores de Sintel de nuestra Comunidad una cantidad de hasta 500.000 pesetas con cargo a los salarios devengados y no satisfechos por la empresa, como medida para amortiguar la difícil situación económica.

Insisto, por tanto, que la Junta de Castilla y León ha demostrado en todo momento su sensibilidad y su solidaridad hacia los trabajadores de Sintel, aunque no esté en su mano, digamos, de una forma directa la solución de esta crisis. Desde luego, desde el Grupo Popular entendemos que hay que seguir apostando por el diálogo y por el esfuerzo de todos los agentes sociales, políticos y económicos. Está claro que la empresa se vendió mal en su día. Está claro que se permitió una venta sin garantizar los puestos de trabajo. Y, además, fruto de todo ello, hay una actuación de la Fiscalía Anticorrupción. Está claro que es una empresa privada y que además ha estado intervenida judicialmente, con una solicitud de quiebra que ha sido aceptada por el Juzgado hace pocos días. Pero, en todo caso, desde este Grupo se insiste en la solidaridad con los trabajadores de Sintel y en la necesidad de hacer un esfuerzo entre todas las partes implicadas que permita dar una salida a esta crisis y buscar una solución a los problemas de estos trabajadores.

Así lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, en este sentido se han encaminado las actuaciones del Gobierno, y así quedó plasmado en el acuerdo adoptado en el Congreso de los Diputados el pasado diecisiete de abril por unanimidad y con el consenso de todos los Grupos Políticos, en el que se acordaba instar al Gobierno a que siguiera impulsando, con su presencia, el proceso de negociación entre todas las partes afectadas en este conflicto, para intentar buscar la mejor solución para los trabajadores de Sintel, dentro del marco legal, y aplicando los mejores referentes anteriores, a fin de negociar una reestructuración de la empresa de común acuerdo, y así zanjar la actual situación de crisis.

Este fue el Acuerdo de todos los Grupos Políticos en el Congreso de los Diputados. Fruto de este acuerdo ya se han celebrado tres reuniones con la participación del Gobierno y, desde luego, se está haciendo un esfuerzo de mediación y de diálogo encaminado a dar una solución a este grave problema de la empresa Sintel.

Efectivamente, el Grupo Popular presentó a la Proposición No de Ley una Enmienda de Sustitución; que fue en origen de sustitución, pero que, fruto de las conversaciones mantenidas con los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, ha devenido en un texto consensuado, en un texto que pretende tener el máximo apoyo de esta Cámara, en un texto que recoge una propuesta de declaración de estas Cortes muy similar a la que se aprobó el pasado diecisiete de abril en el Congreso de los Diputados, donde se manifiesta la solidaridad con los trabajadores de Sintel y sus familias y se insta a la Junta de Castilla y León a que a su vez inste al Gobierno de la Nación para que continúe incidiendo con el máximo esfuerzo en la búsqueda de soluciones, tanto laborales como económicas, que permitan superar esta situación de crisis, todo ello dentro del marco legal. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. No, si el señor Herreros, como Proponente, quiere pronunciarse sobre la Enmienda, o ya damos por entendido que su primera intervención iba a aceptarla, ¿no?

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Habíamos más o menos convenido que hubiese un planteamiento por cada uno de los Grupos Parlamentarios para fijar posición definitiva en un texto. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Entonces, por parte del Grupo Socialista, y para fijar su posición, don Jorge Félix Alonso Díez tiene la palabra.

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ:

Sí, gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Hoy vamos a tratar una resolución conjunta en relación con una empresa que tiene graves problemas. En otras ocasiones hemos tratado problemas de otras empresas de la Comunidad, y ayer mismo fallecían dos mineros como consecuencia de un accidente laboral, y yo espero que siga siendo motivo de reflexión en esta Cámara y de búsqueda de soluciones a ese tipo de situaciones.

En el caso concreto que hoy nos trae, el caso de Sintel, es una empresa con algo de diferencia con respecto a otras empresas, puesto que era una empresa pública, una empresa pública que se privatizó, como otras empresas públicas, pero que ha tenido una evolución diferente, ha tenido un deterioro en el tiempo, como consecuencia de una descapitalización que se ha producido por parte de los gestores de la empresa. Y por eso la Propuesta de Resolución conjunta de todos los Grupos Políticos, de la cual nuestro Grupo se congratula, pues viene a recoger dos de las cuestiones que nos preocupan: por un lado, la salida en materia de empleo de la plantilla de Sintel, que ellos no son los responsables de esta situación que están sufriendo; y, por otro lado, la petición de esclarecimiento de responsabilidades que ha lugar como consecuencia de la evolución que ha tenido la empresa. Ésta es una empresa que tenía beneficios, una empresa rentable, y, como consecuencia del proceso al que se le ha sometido, se la ha descapitalizado y se la ha llevado a tener una situación de crisis, de quiebra -como se le ha reconocido por los tribunales-. Y, en consecuencia, la Resolución que hoy traemos, pues, viene a pedir ambas cosas: por un lado, que se busque una salida en materia de empleo a los trabajadores y, por otro lado, el que se esclarezca qué es lo que ha ocurrido en este periodo de tiempo.

Yo creo que no procede más, y nuestro Grupo apoyará esta Propuesta de Resolución.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Herreros, para fijar el texto definitivo en esta Propuesta.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. En primer lugar, voy a dar lectura al texto que hemos consensuado todos los Grupos Parlamentarios, y tengo que hacer mención también que, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, todos y cada uno de sus miembros componentes.

Dice así: "Las Cortes se solidarizan con los trabajadores de Sintel y sus familias e instan a la Junta de Castilla y León a que solicite al Gobierno de la Nación que continúe incidiendo con el máximo esfuerzo en la consecución de soluciones, tanto de índole laboral con garantía de empleo para la plantilla, como económicas dentro del marco legal, así como que facilite la documentación disponible a la Fiscalía General del Estado, a fin de cooperar al esclarecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar".

Decía el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular que se han venido haciendo gestiones durante todo este tiempo -no me cabe la menor duda-, pero convendrá también conmigo que tenemos todavía camino por delante, tenemos que hacer todavía un esfuerzo y un esfuerzo suficiente. Yo creo que con el texto que se plantea en esta Proposición No de Ley motivamos, sugerimos, que se haga todavía mayor incidencia, porque hay perspectivas, hay posibilidades, y, sobre todo, porque si hubiésemos puesto ya toda la carne en el asador, lo más probable es que esta situación no hubiese llegado a cumplir los ciento treinta días de acampada de estos trabajadores en el campamento llamado de "La Esperanza" en La Castellana.

Creemos que va a haber la necesidad de reclamar mayor apoyo para que, lógicamente, se salden las deudas que se tienen planteadas con los trabajadores, y ya son diez mensualidades las que se les adeudan. Creemos que hay que forzar a la empresa matriz, Telefónica, a que se implique, porque nadie puede olvidar que este proceso no nace de la noche a la mañana, ni por generación espontánea; nace en el proceso de privatización de Telefónica, y, de hecho, Telefónica se compromete a una cartera amplia de trabajo que pudiese realizar Sintel; y, a la postre, el hecho de caer en unas manos absolutamente desaprensivas, y el hecho también, por otra parte, del desentendimiento que plantea la propia Telefónica hace que empiece toda esa truculencia de venderse acciones de aquí para allá, y al final el resultado que conocemos.

Señorías, todavía quedan tareas por realizar, y la verdad es que una de ellas yo me voy a atrever a plantearla aquí, en estos momentos, a esta Cámara... para lo cual sólo rogaba un momento de silencio. Nos hemos puesto en contacto los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y sugerimos desde aquí, y ante la situación precaria, de penuria en algunos casos, que están pasando algunas familias de las doscientas cincuenta implicadas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sugerimos que a lo largo de la mañana los Portavoces de los Grupos Parlamentarios se hagan depositarios de ayudas económicas, que a ser posible sean generosas, para que al final de la mañana los Portavoces de los Grupos Parlamentarios podamos remitir a la cuenta que tiene abierta de solidaridad los trabajadores de Sintel, en Madrid, podamos remitirles lo que generosamente aportemos todos y cada uno de los Procuradores y Procuradoras de estas Cortes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. ¿Se aprueba por asentimiento esta Propuesta? Queda aprobada.

Ruego al Secretario dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Decimotercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adopción de medidas sobre guarderías infantiles y escuelas infantiles".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

En nombre del Grupo Socialista y para la exposición de su Propuesta, don Cipriano González tiene la palabra.

EL SEÑOR .....:

Cinco minutos.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Buenos días, señor Presidente. Señorías. Traemos el Grupo Parlamentario Socialista a este Pleno una Proposición No de Ley que consideramos fundamental y que lamentamos -como casi siempre- tener que actuar siempre a remolque de los resultados de la realidad. Es decir, pocas veces... pocas veces la Administración Pública va por delante del problema. El problema se plantea y, como consecuencia del mismo, después hay que venir corriendo a resolverlo.

El ejemplo más claro es que las guarderías, ahora ya escuelas infantiles de la Junta de Castilla y León, que gestiona desde siempre, desde que las transferencias en materia de bienestar social, incluso antes algunas de ellas ya las estaba gestionando, ha tenido que llegar este momento, el día veinticinco de mayo, para que la Junta publique el Decreto por el cual transforma de forma formal, de forma formal, solamente en la forma que no en el fondo, estos centros en centros de Educación Infantil.

Y a nosotros nos preocupa el que la situación esté en estas circunstancias, y nos preocupa porque entendemos que es un ciclo que desde que la LOGSE lo consideró como no... como no sólo asistencial, sino que lo considera como un tramo educativo, es necesario que todo se vaya adaptando a esa normativa. El Decreto 1004 le concede diez años, estamos hablando hasta el dos mil uno; la prórroga de la LOGSE le concede otro año más.

Por lo tanto, Señorías, estamos a punto de finalizar todos, todos, los plazos y tenemos la obligación, primero, de las que son de nuestra competencia, las que son gestionadas por la Junta, transformarlas, adecuarlas; adecuarlas en la forma, en las construcciones; adecuarlas en el personal; dotarlas de los medios necesarios. Pero también tenemos que adecuar todas las demás.

Entonces, ¿qué es lo que pide esta Proposición No de Ley al Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno, en definitiva? Primero, culminar la transformación. Segundo -y esto creo que es muy importante-, definir un modelo de Educación Infantil no sólo en el ciclo cero-tres, que es el que la Junta en sus guarderías -ahora escuelas infantiles- tiene, sino en el cero-seis, que es como lo contempla la LOGSE.

Pero, además, nos parece que es muy importante que en este asunto el medio rural tiene una trascendencia específica, porque si queremos verdaderamente que la población se fije al suelo, es necesario plantear medidas en el cual los padres puedan garantizarse tener sus hijos desde su más tierna infancia en un centro educativo con todas las garantías.

Para ello, nosotros le pedimos a la Junta de Castilla y León que establezca una cooperación con la Federación Regional de Municipios y Provincias, para crear una red pública de escuelas infantiles más allá de las treinta que gestionan.

Además, nosotros entendemos que puede perfectamente complementarse con otra red dependiente de entidades privadas, pero sin ánimo de lucro.

Y le pedimos que en el plazo de tres meses envíe a estas Cortes una regulación que ordene todos los centros que en las diferentes modalidades de Educación Infantil existen en nuestra Comunidad: guarderías, ludotecas... de forma que en el curso dos mil dos-dos mil tres, que es la máxima... el plazo máximo que la LOGSE contempla, estén perfectamente adaptadas. Y proceder a regular de forma provisional el aspecto educativo de estos centros hasta la entrada en vigor de la legislación específica.

Esto viene, básicamente, como consecuencia de un problema que se planteó. Pero el Grupo Socialista llevaba trabajando mucho tiempo en este asunto. No es la primera vez que hemos planteado iniciativas tendentes a mejorar la calidad de la educación en el servicio... en el tramo cero-seis años.

No sabemos si lo que sucedió en la guardería de Valladolid hubiera podido ser impedido con una nueva o con una mejor ordenación, pero, desde luego, sin ninguna duda, sin ninguna duda hubiera sido posible el que hubiera tenido muchas más dificultades para haberlo podido realizar.

Por lo tanto, Señorías, creemos que es el momento de que la Junta de Castilla y León asuma que es competente en materia educativa, que también el tramo cero-seis es esencial en el proceso de formación de nuestros niños para cuando lleguen a otras edades obligatorias, que eso se tiene que hacer en cooperación con los Ayuntamientos, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, que no podemos escudarnos en que no tenemos... en que hay una legislación del Estado. La Junta tiene competencias. Si es competente, las ejercerá. Y si no las ejerce, será porque es incompetente.

Por lo tanto, Señorías, nosotros planteamos una Proposición No de Ley estructurada en seis puntos, que consideramos que, de aprobarse, podría perfectamente resolver, dar un paso importante en lo que entendemos nosotros culminaría -empezando por el principio, como suelen hacerse las cosas- el proceso educativo en el tramo cero-seis. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para consumir algún turno en contra, ¿algún Grupo Parlamentario?

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Señoría, la preocupación que en este aspecto tiene el Grupo Popular es, cuando menos, la misma que tiene el Grupo Socialista; preocupación que no arranca de ningún suceso concreto, como el que aquí ha expuesto. Este Grupo entiende que no es bueno dejarse llevar por impulsos, no es buena forma de gobernar actuar de ese modo, y, por lo tanto, no hemos actuado a remolque de ninguna actuación. Este Gobierno no practica ninguna política de resignación ante la norma, sino que la aplica y se busca la mejor solución en la aplicación de la misma; conoce las competencias que tiene y las desarrolla.

Por lo tanto, en lo que hace referencia a los Antecedentes expuestos en esta Proposición No de Ley algunos son obvios por cuanto hace referencia a la LOGSE, a los cuales se ajusta la actuación de la Consejería de Educación, y otros están basados en juicios de valor de dudoso -entendemos- fundamento.

Entrando ya en lo que es la Propuesta de Resolución que aquí se nos presenta, y a la cual vamos a votar en contra, decir que abarca medidas que afectan a los tres tipos de centros que atienden a menores. La primera y segunda parte de su Proposición afecta a centros dependientes de la Junta, la tercera a centros dependientes de Administraciones Locales, la cuarta a privados y la quinta y sexta a estos dos últimos sobre todo.

Por lo que hace referencia a la primera, a la culminación en la transformación de los centros dependientes de la Junta para el próximo curso -como usted ha expuesto-, es un punto ya cumplido, y se ha culminado con el Decreto 149/2001, que se publicó en el Boletín el veinticinco del mes pasado. Evidentemente, esta Resolución no puede publicarse en un plazo de veintiún días, que discurren desde el suceso a que usted ha hecho referencia hasta esta publicación, lo cual avala la tesis de que el Gobierno de la Consejería de la Educación está trabajando en sus competencias desde hace largo tiempo.

Por lo que hace referencia al personal, en lo relativo al personal especializado, aquellos centros que, realmente, ya no lo tengan en el curso dos mi uno-dos mil dos tendrán aquél que necesiten conforme a lo que estipula el Artículo 15 del Real Decreto 1004 del año noventa y uno, que usted ha expuesto.

Y lo mismo puedo decir en cuanto a equipamientos, tanto de instalaciones como de material didáctico, que en la actualidad se está dotando en tal sentido a esos treinta centros dependientes de la Junta.

El segundo aspecto, el modelo de Educación Infantil que la Junta pretende, es algo ya expuesto, y Su Señoría lo conoce porque el propio Consejero de Educación así lo expuso en la comparecencia ante la Comisión correspondiente, y donde lo eludió como un servicio público de carácter socioeducativo, donde se integran no solamente factores educativos, sino higiénicos, sanitarios, de relación, orientación y de coordinación con la familia. El modelo educativo de la Junta viene avalado también por la creación de las escuelas de Educación Infantil de titularidad de la Junta, a las que hemos hecho referencia y -como no puede ser de otro modo- ajustado y enmarcado siempre dentro de la Ley de Ordenación General del Sistema de Educación.

Por lo tanto, ese modelo al que hace referencia, ese segundo punto, también está cumplido por expuesto.

El tercer aspecto, que hace referencia a la cooperación con la Federación Regional de Municipios y Provincias para crear la red pública de escuelas infantiles, no es necesario iniciar esa cooperación, porque esa cooperación ya existe y, por tanto, es un punto sobrepasado. Y lo único que podemos hacer es decir que se mantendrá y se intensificará esa cooperación con las Administraciones Locales. De hecho, conoce la existencia de subvenciones que entre el Ministerio de Trabajo, Consejería de Sanidad y Ayuntamientos y Diputaciones existe al respecto para el servicio y mantenimiento de estos centros de Educación Infantil.

El punto cuatro, donde hace referencia a la participación de las entidades privadas, decir que es interés de la Junta contar con todos los recursos disponibles en nuestra Comunidad y estudiar cualquier solicitud que al respecto se presente, y si cumple los requisitos mínimos para conceder la autorización administrativa; pero que no es nuestra política de trabajo ni depende de nosotros el ámbito de actuación aquí apuntado. Por tanto, este cuarto punto se entiende no prioritario por parte de la Consejería.

El punto quince... quinto, perdón, hace referencia a que se regule y ordene en un plazo de tres meses las guarderías y ludotecas. Entendemos que tal petición es inviable en este momento por cuanto la Junta elaborará su propia normativa reguladora, pero cuando el MEC y el Ministerio de Trabajo previamente determinen la normativa básica que de forma general afectará a este tramo de edad que estamos abarcando, porque incluso en esa regulación cabe la posibilidad de que, además de las escuelas de Educación Infantil, se creen otros tipos de centros no educativos.

Y el punto sexto, en relación con eso, para que se regule de modo provisional, termino diciendo que la Junta está regulando todo lo que competencialmente y legalmente es regulable, incluso hace referencia a que mientras tanto el Ministerio elabora esa normativa básica, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social ya ha elaborado el borrador de ley de Atención al Menor; y una vez que se determinen jurídicamente las competencias de cada Administración, la Consejería elaborará esa propia normativa.

Por todo ello, votaremos en contra, valorando que los seis puntos aquí apuntados, en unos casos por no prioritario, en otros casos por inviable y en otros por ya cumplido, la Junta creemos que está desarrollando de modo satisfactorio las competencias que la ley le asigna. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor González Núñez. Para el turno de réplica, señor... don Cipriano González, tiene la palabra de nuevo.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Vamos a ver, señor Portavoz, porque volvemos a hablar de... sobre las mismas cosas, pero con palabras diferentes, y supongo que con ideas diferentes. Pero si hablamos de las mismas cosas, tendrá que convenir conmigo que habrá algún punto de encuentro.

Lo primero, que ustedes actúan a remolque es absolutamente evidente, porque desde que ustedes tienen las competencias en materia educativa habían perfectamente podido elaborar el Decreto que han publicado el veinticinco de mayo para transformar las escuelas... las guarderías infantiles dependientes de la Junta en escuelas infantiles. Y lo han hecho el veinticinco de mayo. Dígame usted si han tenido todos estos años tiempo más que suficiente para hacerlo.

¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué lo hacen ahora? Pues, mire usted, porque están... "están pillados" -entre comillas- porque ha habido un problema, la sociedad se les ha echado a ustedes encima porque han tenido que buscar la evasiva de decir que esto corresponde al Estado, y han corrido ustedes y presentan el Decreto. Pero, ojo, ojo, señor Portavoz, presentan un Decreto sólo en las formas; las han declarado. Es que no basta con declarar, es que el Decreto 1004 exige superficie, número de alumnos, profesores, personal de atención, equipamientos, espacio de recreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no creo yo que sea posible, que sea posible que desde el día veinticinco de mayo hasta el día uno de septiembre que comiencen las clases todo eso esté hecho; porque si estaba todo eso hecho, ¿por qué no se ha hecho antes este Decreto?

Luego, por lo tanto, desde mi Grupo entendemos que ha habido precipita... que ha habido una actuación -digamos- condicionada por un problema, y que ustedes han corrido a intentar tapar ese problema.

Pero, en segundo lugar, dice usted: "es que otras ya están hechas". Mire, yo tuve la delicadeza -un poco a iniciativa de mi Portavoz- de coger el debate de la Comisión de Educación donde el señor Consejero expuso sus ideas respecto a la Educación Infantil, y tuvimos la delicadeza, la delicadeza de trasladar sus opiniones, casi miméticamente, a la Proposición No de Ley. Le puedo leer: "Establecer una red..." -estoy leyendo lo que decía el Consejero, ¿eh?- "...establecer una red pública de escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León y de las Corporaciones Locales, avanzando en la extensión de la oferta educativa de estos niveles en Educación". "Con las Corporaciones Locales." No le hablamos de subvenciones. El señor Consejero aquí no habla de subvenciones, habla de una red pública. Una red pública no es conceder subvenciones a un Ayuntamiento para que monte una escuela. ¿Me entiende? Luego, entonces, no confundamos al ciudadano.

Lo que los socialistas les pedimos es que cumplan lo que tantas veces dicen y tan pocas veces hacen, que es lo que va a la Comisión, los titulares de prensa que tienen a gala poner y siempre conseguir, y luego la realidad es la que es. ¿Cuántos Ayuntamientos de esta Comunidad podrían ahora construir una red de escuelas infantiles adaptadas al Decreto 1004 en nuestra Comunidad? Y si queremos que en el medio rural la gente se quede, señor Portavoz, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tengan en cuenta que un factor esencial es la atención a los niños, porque los padres que viven en esos lugares quieren que sus hijos tengan una educación de calidad; y, si no, preferirán marcharse ellos a vivir a las cabeceras de comarca o a las capitales de provincia y contribuiremos a despoblar a nuestros... a nuestros municipios.

"Mire usted, es que la segunda ya está." ¿Ah, sí? ¿Ya está el modelo de Educación Infantil de esta Comunidad? ¿Dónde? ¿Dónde está escrito? En las palabras del señor Consejero. Decía: "Completar una red pública de escuelas infantiles tratando a las guarderías privadas como si fuera... una nueva normativa que desarrolle la Comunidad". Dígame usted dónde está la norma que desarrolla el concepto de escuelas infantiles. ¿Sabe usted lo que hicieron? Quitarle de las antiguas guarderías el tramo tres-seis y dejar en todos los centros el tramo cero-tres. Luego, no me diga usted que tenemos un modelo de Educación Infantil en el tramo cero-seis. Tenemos unos centros públicos en el tramo cero-tres, tenemos otros en el tres-seis, y otros que son los dependientes, que antes dependían del Ministerio y que ahora ya dependen de la Junta de Castilla y León.

Pero, ¿usted me puede a mí hablar de un programa que en algunas Comunidades que tienen un medio rural muy importante se ha dado, como, por ejemplo, el preescolar en casa? ¿No tendríamos que plantearnos aquí, en nuestra Comunidad, un modelo de educación para los niños de cero a seis años, donde la participación de los padres, la itinerancia de los profesores y la dotación de medios en los Ayuntamientos pudiéramos tener una red específica que dé respuesta a las necesidades de nuestra Comunidad? ¿Quién se lo impide a la Junta? ¿Por qué tiene que esperar la Junta a que legisle el Ministerio? ¿Por qué la Junta no puede ir por delante tanto... tantas veces dice que es pionera? ¿Por qué aquí no es pionera en un elemento tan importante?

Mire -voy a terminar-, le voy a decir una cosa que me preocupa, y que le preocupa al Grupo Socialista, y que quiero dejar aquí sobre la mesa: el dos mil dos-dos mil tres, el curso dos mil dos-dos mil tres, septiembre de dos mil dos-dos mil tres está muy cerca. La mayor parte de las guarderías infantiles de esta Comunidad -y digo bien: guarderías infantiles- del sector privado con interés de lucro no van a poder adaptarse en tan poco tiempo a la nueva normativa. Nos podemos encontrar que en septiembre del dos mil tres... en septiembre del dos mil dos muchas guarderías tengan que cerrar porque sus instalaciones no se adecúan a la normativa, y nos podemos encontrar con que la Junta va a tener un montón de niños, miles de niños, que no pueden ir a los centros y que... los propietarios de esos centros van a utilizarlos en arma contra la Junta. Lo anticipamos aquí.

Esta Proposición No de Ley pretendía regular todo eso. Estamos todavía a tiempo; poco es verdad, pero estamos a tiempo. Y yo lamento profundamente que, en aras de esa mayoría... de esa apisonadora, ustedes se limiten a decir que ya está en unos casos y que en otros casos no es necesario. El problema está ahí y algún día, si no lo corrigen, lo tendremos que lamentar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor González Núñez, para dúplica.

EL SEÑOR GONZÁLEZ NÚÑEZ:

Gracias, señor Presidente. Mire, no es cuestión de apisonadora, es cuestión de que entendemos que la Consejería está haciendo en este ámbito las cosas bien hechas, que no practica la política de resignación apuntada por usted, ni se inhibe. Y lo que quiero es aportar tranquilidad al sector afectado en este tramo de edad, sobre todo de cero a tres años, sin excluir el de tres a seis años. Este Gobierno cumple lo que promete.

Ha hecho referencia a cuatro aspectos: centros dependientes de la Junta, Administraciones Locales, modelos y a la regulación.

Por lo que hace referencia a los centros de la Junta, repetirle que el Decreto que se publicó el mes pasado se ha hecho -entendemos nosotros- en un tiempo prudencial, poco más de un año después de asumir las competencias. Creemos que eso no es un tiempo tardío. Que había dos posibilidades, que esa adaptación comenzase el curso pasado o éste. El curso pasado mal podía ser cuando hacía cuatro meses que se habían asumido las competencias.

Por lo tanto, creemos que la actuación de la Consejería en este aspecto ha sido diligente, y que a partir del próximo curso todos esos centros dependerán de las Direcciones Provinciales de Educación, que serán las que efectuarán el seguimiento administrativo, inspección educativa y el requerimiento de cuantos documentos institucionales sean precisos.

Por lo que hace referencia a los centros dependientes de Administraciones Locales, decir también que están sometidos a la regulación y al control preciso para garantizar los derechos tanto de los menores como de sus familias. Sabe usted que hay dos centros: unos de Educación Infantil, cuando su puesta en funcionamiento ha sido autorizada administrativamente por la autoridad porque se ajustaban al Decreto de Servicios Mínimos Requeridos; y otros, que no han solicitado esa autorización y que, por tanto, funcionan con el nombre de "guarderías".

En ambos casos, el seguimiento administrativo e inspección dependen de las Administraciones Locales, y en el dos mil dos se transformarán en las Escuelas de Educación Infantil, conforme a lo que marca la LOGSE.

Y usted ha apuntado un problema que se puede ahí encontrar, pero no es un problema que devenga de la actuación de la Consejería de Educación de la Junta, sino de, quizás, la excesiva rigidez -que luego le apuntaré- de la LOGSE en este ámbito educativo de cero a seis años. E incluso en este ámbito, tanto las Inspecciones de Sanidad como de Trabajo realizan sus correspondientes medidas de seguridad en higiene y en sanidad sobre estos centros.

En tercer lugar, hacía referencia al modelo. Y decirle que el modelo que aplica la Junta es el expuesto por el Consejero y se enmarca dentro de lo que marca la LOGSE, e incluso su propia política de planificación respecto a la etapa de tres a seis años -que aquí ha apuntado- era implantarla en centros de Primaria. Y, de hecho, así se ha hecho. Y actualmente la demanda de tres a seis años está cubierta al 100% en estos centros.

Por lo tanto, le pregunto que si tiene sentido cree usted que mantener en centros de Educación Infantil ese tramo de edad, o sería mejor esa cantidad de dinero invertirla y dedicarla al tramo de cero a tres años, como está haciendo la Consejería de Educación. En este ámbito, el modelo educativo de la Consejería está muy claro. Invitaría a Su Señoría a que, en nombre de su Grupo, nos aclarase cuál es, al respecto, el modelo del Grupo Socialista, porque parece haber evidentes contradicciones en este punto.

Y como un apunte concreto del modelo y de apoyo al medio rural, al que usted ha apuntado, apuntarle que la política de la Junta, por ejemplo, es no supresión de ninguna unidad del Segundo Ciclo de Educación Infantil o Primaria en el ámbito rural, cuando haya al menos cuatro alumnos, ¿eh? Detalle -repito- que apunta por dónde va la política de la Junta.

Y terminando por lo que hace referencia a la regulación, es que no se puede regular más allá mientras el Ministerio de Educación y Medio Ambiente no elabore esa normativa básica. Porque -repito- para romper esa estrechez y esa rigidez que marca la LOGSE referente a este tramo educativo, quizá, además de las Escuelas de Educación Infantil, cree otros tipos de centros educativos, para resolver esa rigidez. Porque cualquier país de nuestro entorno (Francia, Alemania, Inglaterra), este tramo de edad de cero a tres años lo cubren no únicamente con las Escuelas de Educación Infantil, sino también con modelos como pueden ser ludotecas o incluso la atención domiciliaria.

Por lo tanto, creo que este razonamiento contribuye a dar sensatez, realismo y tranquilidad a este discurso. Que esta Comunidad Autónoma está en condiciones de afrontar cualquier tipo de comparación con cualquier otra Comunidad Autónoma en la regulación de esta materia. Y que la Junta, en la actualidad, ha regulado todo lo que es regulable. Si no se hace más es porque la Ley al respecto no lo permite. Pero lo que la Ley permite creemos que es suficiente para aportar tranquilidad y seguridad a este tramo de edad y a las familias.

Por lo tanto -termino, señor Presidente-, en este ámbito, la Junta sabe lo que tiene que hacer, lo está poniendo en marcha desde hace tiempo, sabe lo que tiene que poner en marcha cuando se apruebe la normativa, y cuándo y cómo lo tiene que hacer. Por eso, en esa convicción, votaremos en contra de esta Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. ¿Para fijación de posiciones? El Proponente cierra el debate. Señor González, don Cipriano, tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ:

Gracias, señor Presidente. Me piden brevedad. Pues brevedad.

Vamos a ver, señor Portavoz, ¿cuándo le ha permitido la ley a la Junta hacer el Decreto del veinticinco de mayo? ¿Cuándo? ¿Ha habido alguna norma, últimamente, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que diga... que diga: "Oiga, que tiene usted que hacer este decreto"? ¿O esto viene desde el año mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y uno, el Decreto 1004, de Mínimos, que regula, que regula las condiciones mínimas que tienen que tener los centros? No. La Junta lo ha hecho ahora porque le ha apetecido... perdón, porque se ha visto obligada por unos sucesos desgraciados que estaban ahí, y que eso es lo que ha motivado ese asunto.

Ya salió, como ayer, la LOGSE, la LOGSE. ¡Qué poco les gusta, pero qué poco la cambian! ¡Qué poco le gusta, pero qué poco la cambian! ¿Por qué no se atreven a cambiarla? ¿Por qué, en vez de hacer lo que hacen -que es quitarle los elementos fundamentales por la puerta de atrás-, no van directamente a definir su proyecto? Mire usted, la LOGSE, la LOGSE tiene diez años de vigencia, de los cuales cinco han gobernado ustedes. Luego si la LOGSE tiene rigideces -como usted dice- en el tema de equipamientos de escuelas infantiles, han tenido ustedes ya cinco años para cambiarla; tantos como tuvo el Gobierno Socialista desde que la puso en marcha; con la diferencia de que las circunstancias económicas, sociales y políticas de estos últimos años son infinitamente mejores, porque la LOGSE dio respuesta a un problema fundamentalmente de la escolarización. Y ahora estemos... estamos tratando de dar respuesta al problema de la calidad.

Y le podía hablar perfectamente a usted, si lo estima conveniente, de nuestro modelo en el tramo cero-seis años. Mire usted, el Grupo Socialista tiene muy claro que no se puede dar a todos los mismos tratamientos. Hay tratamientos que son necesarios diferenciar. No se puede hacer lo mismo, no se puede hacer lo mismo para una Escuela Rural que para un barrio de una gran ciudad; es imposible. Usted dice: "Ya hemos hecho bastante con mantener escuelas con hasta cuatro alumnos". Perdone, eso es sólo la primera parte del problema; la segunda es que esos cuatro alumnos tienen que tener una escuela de calidad. No basta con tenerles recogidos, tienen que tener calidad. Si ustedes los recogen y no les dan calidad, al final, los cuatro se transformarán en tres, y al final tendrán que suprimirla.

Nosotros queremos que se adecuen a las realidad de Castilla y León las normativas, no que pretendamos adaptar la realidad a las normativas. Y nosotros querríamos -de verdad se lo digo, señor Procurador, y en nombre del Grupo Popular- que pudiéramos legislar en esta Comunidad acorde con nuestras demandas, acorde con nuestras demandas; no con las del Grupo Socialista, sino con las demandas sociales.

Y el planteamiento que yo le he hecho a usted y le he anticipado no es baladí, no es baladí. El Decreto 1004 contempla las condiciones mínimas que tienen que tener los centros... las escuelas infantiles en el curso dos mil dos-dos mil tres. Esa situación va a ser muy difícil que la cumplan algunos empresarios, y probablemente tengan la tentación de utilizar esos niños para forzar algún cambio en beneficio de sus intereses.

Estamos a tiempo. Legislemos, regulemos, planteemos una educación acorde con nuestra realidad; la sociedad nos la demandará. Y, por lo menos, desde el Grupo Socialista, tengan la seguridad de que se la demandaremos de manera permanente. Se empecinen ustedes en votar en contra. Ustedes pueden ganar la batalla en el Parlamento, pero a lo mejor otros podemos ganar la batalla de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Guarden silencio, por favor, señoras y señores Procuradores. Se somete a votación la Proposición No de Ley debatida. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, sesenta y ocho; veinticuatro a favor y cuarenta y cuatro en contra. Queda rechazada.

Y pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que le ruego al señor Vicepresidente nos lo enuncie.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Decimocuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, manifestando al Gobierno de la Nación la oposición al traslado de Jueces provenientes de provincias cercanas a Madrid para prestar servicios de apoyo, y solicitando la adopción de otras medidas sobre la Administración de Justicia".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para presentar esta propuesta, en nombre de su Grupo, don José María Crespo tiene la palabra.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Buenos días. El Grupo Parlamentario Socialista trae al Pleno de estas Cortes una iniciativa que está en directa relación con el futuro de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma y la posible gestión de la competencia en esta materia en Castilla y León.

La verdad es que las informaciones a las que tuvimos acceso o que conocimos, pues, nos resultaron, cuando menos, sorprendentes, llamativas, raras -si me apuran-, inquietantes para el desenvolvimiento de la actividad de administración de la justicia en Castilla y León, que -al igual que en el conjunto del Estado, como todo el mundo sabemos- es uno de los aspectos de la gestión de lo público que más inquietud genera entre los ciudadanos, en ocasiones desconfianza, y, sobre todo, esa cierta certeza de que en los asuntos que tienen que ver con la Justicia, la lentitud es una de las características más relevantes.

Nos sorprendió sobremanera que, dentro de las posibles fórmulas que, por parte de la Administración de Justicia, se contemplaban para resolver este problema, el problema general del atasco en la resolución de los expedientes por parte de los jueces, se adoptara como posible solución o como posible alternativa el traslado de jueces que desempeñan sus funciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, su traslado a Madrid para resolver el atasco existente en los tribunales de justicia madrileños. Sencillamente, y vista de esta forma, la noticia no podía ser más sorprendente.

Ya por parte del Senador autonómico en representación del Grupo Parlamentario Socialista, don Octavio Granado, se formularon las preguntas correspondientes en el ámbito de competencia, que es el Gobierno de la Nación, en el Senado. Se preguntaba, en concreto si ésta era la fórmula que consideraban más idónea, y, sobre todo, se preguntaba que cuántos... a cuántos jueces se preveía que participaran en el plan de choque, provenientes de qué destinos, y se preguntaba si el Gobierno no tiene previsto un incremento de plazas en la sección de civil... en la Sección Civil de la Audiencia de Madrid que resolviera definitivamente este problema, al tiempo que se pregunta al Gobierno de la Nación si se podría garantizar que esta medida no deterioraría la calidad del servicio en los juzgados y secciones con jueces pluriempleados.

Bien. Esto lo planteaba nuestro... el Senador autonómico don Octavio Granado en el Senado, pero a nosotros nos parece, nos parecía y nos sigue pareciendo que, por afectar a la Administración de Justicia en el ámbito territorial de Castilla y León esta decisión adoptada en Madrid, la Junta de Castilla y León y estas Cortes Regionales no podían permanecer al margen. Y, por lo tanto, ahí está el origen de la propuesta de resolución que planteamos esta mañana.

Yo creo que el Gobierno Regional debe manifestar al Gobierno de la Nación la oposición de nuestra Comunidad Autónoma a que jueces provenientes de provincias cercanas a Madrid vayan a prestar servicio de apoyo en los juzgados de la capital, habida cuenta de los perjuicios inevitables que ello ocasionaría para los juzgados de Castilla y León.

No sólo reclamamos que el Gobierno Regional manifieste su oposición a esta medida, sino que sugerimos que se impulsen con la mayor urgencia posible las negociaciones del traspaso de funciones y servicios en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de tal manera que se garantice de forma real lo dispuesto en el Artículo 30 de nuestro Estatuto de Autonomía, que -entre otras cosas- para eso lo modificamos.

Y, por último, a nosotros nos parece que, debiendo prepararnos para asumir en condiciones de calidad y de mejor prestación del servicio la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma, no sólo debiéramos manifestar nuestra oposición a esta medida, no sólo debiéramos impulsar las negociaciones para que la transferencia sea efectiva en el más corto plazo de tiempo posible, sino que, al mismo tiempo, el Gobierno de Castilla y León, la Junta de Castilla y León debiera convenir con el Ministerio de Justicia la aplicación inmediata de un plan de choque en nuestra Comunidad Autónoma para mejorar la... los medios materiales y humanos que prestan este servicio público en Castilla y León.

Por lo tanto, si la noticia es sorprendente, si la noticia es llamativa, si de la misma se pueden hacer todo tipo de lecturas respecto de cómo se pueden perjudicar los intereses generales de los ciudadanos de Castilla y León para tratar de resolver problemas en otras Comunidades Autónomas, sin que la solución que se oferte... sin que la solución que se oferta, desde luego, vaya a servir para resolver esos problemas allí donde se producen y sí para provocar deterioro en la prestación de este servicio en nuestra Comunidad Autónoma, nos parece que ésta es una iniciativa, una Propuesta de Resolución que, razonablemente, debiera contar con el apoyo del conjunto de la Cámara.

No es posible que los jueces de Castilla y León se trasladen a Madrid para desatascar los Juzgados madrileños, no es posible que retrasemos o demoremos la asunción de las competencias en materia de Justicia, y no es posible que el Gobierno Regional no negocie con el Gobierno de la Nación ese plan de choque para que las cosas en la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma funcionen todavía mejor.

Por lo tanto, esperamos poder contar con el apoyo del conjunto de la Cámara para esta iniciativa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para el turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Aguilar, tiene la palabra.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. En primer término, una manifestación, para iniciar la exposición por parte de nuestro Grupo Parlamentario, y es que cualquier tema, evidentemente, que afecte a cualquier cuestión de autogobierno en esta Comunidad nos importa mucho, sea de Justicia o de otro orden. Por lo tanto, evidentemente, ése es un tema muy serio: queremos el autogobierno, las cotas máximas posibles. Pero, en definitiva, tenemos también que precisar algunos aspectos de la PNL que ha defendido el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Mire, nosotros consumimos un turno en contra por lo siguiente: primero, porque la Proposición No de Ley que ustedes plantean tiene errores importantes. El primer error es que no hay ningún traslado de jueces, en absoluto, ni se produce, por supuesto, ninguna vacante en la Judicatura en esta Comunidad Autónoma. Simplemente se trata de una medida de choque, que, efectivamente, pueden los jueces, voluntariamente, acudir a apuntarse, a ponerse a disposición de esa llamada de choque, de ese sistema que se utiliza, pero sin merma de sus funciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es decir, aquí hay que resolver los casos, y, evidentemente, pueden acudir en apoyo a resolver casos en la Comunidad de Madrid.

Le pongo a usted como referencia el siguiente, Señoría: aquí existen también medidas de choque para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, concretamente en la Sala de lo Contencioso, donde hay apoyo de magistrados de Burgos, donde hay apoyo de profesores universitarios. Y, por lo tanto, es una cuestión nueva. Ese aspecto del traslado tiene usted que coordinarlo con la voluntariedad de los jueces en acudir a esa llamada o a esa posibilidad de ayuda en relación con asuntos que se encuentren en la Audiencia de Madrid.

Segunda cuestión por la cual tampoco podemos nosotros acceder a contemplar su Proposición No de Ley. Mire, Señoría, respecto a las competencias en materia de Justicia -que las queremos, que las queremos-, hay que tener presente que existe en estos momentos -yo creo- un gran pacto, que han suscrito el Partido Socialista y el Partido Popular -como usted muy bien sabe-, por el cual se produce... se va a producir, sin duda, una transformación histórica en lo que es el planteamiento, el funcionamiento y el devenir de la Justicia. Y la Justicia, ciertamente, es un valor fundamental, es lo más importante... la cuestión más importante para el ciudadano. Tener una Justicia objetiva, tener una Justicia pronta y rápida, y tener una Justicia eficaz son argumentos de por sí solos suficientes para poder... para poder considerar este pacto que se ha producido por parte del Partido Socialista y del Partido Popular como un pacto absolutamente histórico.

Por lo tanto, ahora, Señoría, por prudencia, porque ese pacto contempla 250.000 millones de pesetas de inversión, porque ese pacto contempla más de veintitrés medidas que hay que poner en práctica, porque ese pacto contempla la objetivización de todo el sistema, de todo el sistema de funcionamiento de los Juzgados, y que los jueces, evidentemente, no por escalafón, puedan producir ascensos, sino por cuestiones netamente objetivas, como son sus resultados en sentencias, como son sus no revocaciones de esas sentencias por Tribunales superiores, lógicamente, no es el momento ahora, Señoría, de pedir; no es el momento ahora Señoría de pedir ni de instar esa transferencia. Veamos a ver qué pasa, veamos a ver qué pasa.

Pero le voy a dar a usted también alguna cuestión técnica para ilustrarle, porque, sin duda, le vendrá bien luego, después, en el turno que tiene usted que consumir después.

El Artículo 149 de la Constitución española, apartado 1, punto f), dice que es competencia exclusiva del Estado la Justicia, la administración de la Justicia"; el Artículo 30 del Estatuto de Autonomía, Señoría, dice que corresponde a las Comunidades Autónomas. Pero tenga usted presente que esa posible discordancia entre uno y otro no es más que lo que se denomina, y ha sido calificado así, como "cláusula subrogatoria para las Comunidades Autónomas", que ha sido también determinada por el Tribunal Constitucional en dos Sentencias importantes. Porque una cosa es la administración de justicia, que corresponde a los jueces, y otra la administración de la Administración de la Justicia, que puede corresponder, por supuesto, a las Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, Señoría, respecto a ese traslado de los jueces -retomando la Proposición No de Ley- no existe; es una actuación voluntaria. Además, esto está regulado concretamente en el Reglamento de Situaciones de la Judicatura -al cual yo le remito a usted- y, por lo tanto, lo es sin relevación de funciones. Voluntaria la actuación.

Segundo. Respecto a impulsar con la mayor urgencia posible el traspaso de funciones y servicios, me remito a lo que le he participado a usted en relación a una prudencia mínima que tenemos que tener frente a ese gran reto o ese gran asunto que es el pacto suscrito por el Partido Popular y por el Partido Socialista, y negociar, por supuesto, la inmediata aplicación de un plan de choque para la mejora del funcionamiento de la Administración de la Justicia en Castilla y León, de forma que se cuenten con aportaciones tanto de la Administración Central como de la Administración Autonómica. Ya existe un plan de choque -se lo he comentado a usted- respecto, por ejemplo, a temas existentes y pendientes en la Sala de lo Contencioso, y, desde luego, el plan de choque no me negará usted que ya está, pero a nivel nacional. Es decir, se va a poner en práctica, 250.000 millones. Y debemos estar expectantes aquí, desde este Parlamento, a ver cómo se desarrolla... (Termino enseguida, señor Presidente.) como se desarrolla, efectivamente, ese pacto, a dónde llega ese pacto, dónde nos lleva ese pacto, si verdaderamente... si verdaderamente va a ser un pacto flexible, si ciertamente va a tener repercusiones -como no puede ser menos- dentro de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, Señoría, casi lo que debía usted de haber hecho, en lugar de subir aquí a defender estas cuestiones de Justicia, señor Portavoz de Justicia -desde este momento- del Grupo Parlamentario Socialista -porque es la primera vez que se tocan estos temas; usted toca todos, además; toca usted lo mismo Justicia que medios de comunicación-, lógicamente, Señoría, debería usted de producir la retirada. Yo le pido que retire usted esta PNL, que a usted, realmente, se la han encajado; no le queda a usted más remedio que subir aquí, y no ha tenido usted en cuenta que ni hay traslado, ni hay jueces que estén forzosamente obligados a ir, y que existe un plan de choque.

Justicia la hay; justicia sí que hay, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, e importante, y con buena profundización en los asuntos que resuelven. Mejorarla es cuestión tanto suya como nuestra.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para el turno de réplica, tiene la palabra de nuevo don José María Crespo Lorenzo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Hombre, alguien tenía que ser el primero en hablar de Justicia en... en este Parlamento. Usted está acostumbrado a ser Portavoz de casi todo, y siempre a la contra, además. Tendría un gusto especial y personal de debatir alguna vez con usted, aquí... en el cual, ejerciendo en esa tarea de Portavoz de todo lo sustancial en estas Cortes en nombre de su Grupo, pero a favor de algo alguna vez. Y éste es uno de los temas en los cuales tendrían ustedes una ocasión magnífica, pues con la suficiente modulación de los planteamientos que aquí hacemos -el Reglamento lo permite-, pues, hombre, haber alcanzado, quizá, el primer pactito sobre la Justicia en Castilla y León. ¡Fíjese usted! No el gran pacto nacional, pero aquí sí un pequeño pacto, para defender nuestras cosas, para prepararnos para recibir la competencia en materia de Justicia; entre nosotros, sí, un pequeño pacto entre nosotros. No empezar ya de esta forma, evidenciando diferencias.

Porque usted no ha respondido aquí a la pregunta, a la pregunta sustancial: ¿es bueno para la Justicia en Castilla y León que los jueces de Castilla y León se vayan por la tarde a trabajar a Madrid, sí o no? ¿Es bueno? Bueno, pues sepa usted que en su Grupo parece que hay Procuradores que estiman que eso enriquece el funcionamiento y mejora el funcionamiento de la Justicia en Castilla y León; parece. Bueno, pues son los únicos que lo piensan, son los únicos que lo piensan. Porque, pacto por pacto, el pacto por la Justicia que han suscrito su Partido y el mío en el ámbito nacional, usted sabe -porque lo sabe casi todo- que contempla la apertura de los Juzgados por la tarde; menos en Castilla y León, porque si los jueces se van a ir por la tarde a Madrid, me imagino que ese pacto no será de aplicación en Castilla y León. Y si ese Pacto por la Justicia contempla la necesidad de ampliar los horarios en los Juzgados, hará absolutamente incompatible, por más que lo digan Procuradores de su Grupo, que jueces se pluriempleen y se marchen a otras Jurisdicciones, a otras circunscripciones a prestar sus servicios.

Por lo tanto, señor Aguilar, ese bien nacido pacto por la Justicia que se ha alcanzado, que consiga de una vez por todas, pues, eso, que la Justicia sea sobre todo ágil, pero sobre todo objetiva, sobre todo independiente, y sobre todo eficaz -bueno, no lo suficiente, por lo menos en la percepción de la gente, por lo menos en la percepción de los ciudadanos-, pues ese pacto, para Castilla y León, en su lógica, es perjudicial, porque no va a ser de aplicación en nuestra Comunidad Autónoma respecto de los horarios.

Pero es que nos ha generado alguna inquietud mayor. Es que parece que ese pacto puede hacer no conveniente la gestión de la Administración de Justicia por parte de nuestra Comunidad Autónoma. Y es la primera vez que un pacto entre partidos políticos de ámbito nacional puede ir en contra de ese proceso de descentralización en marcha, y puede ir en contra de la voluntad expresada en nuestra reforma del Estatuto, que contemplaba, con la inclusión... con la reforma del Artículo 30, la asunción de las competencias en materia de Administración de Justicia.

Por lo tanto, no siga usted en la línea de hacer ningún tipo de advertencia en el sentido de que la consecución del pacto por la Justicia en el ámbito del Estado debe hacernos reflexionar sobre la oportunidad de asumir la gestión de la Justicia en nuestra Comunidad Autónoma.

Señor Aguilar, yo creo que ese pacto puede ayudar, debiera ayudar -y su aplicación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma- en la consecución de los tres objetivos que aquí señalamos en nuestra Proposición No de Ley. Fíjese, radicalmente en contra de lo que usted piensa.

Yo creo que la aplicación correcta del pacto por la Justicia permite decir desde Castilla y León que, aunque nada más sea por esa posibilidad que se contempla de apertura de los Juzgados por la tarde, la Junta de Castilla y León no entiende, no comparte y no asume que los jueces de Castilla y León se marchen a los Juzgados de Madrid a resolver el atasco de Madrid. Asuma usted las memorias de la Fiscalía de Castilla y León, y asuma usted los informes del Tribunal Superior de Justicia, y asuma usted también la percepción de los ciudadanos de Castilla y León que aquí hay atasco; hay atasco en la Justicia en Castilla y León. Asuma usted que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León está saturado. Y asuma usted las quejas de las asociaciones de profesionales -de jueces, de magistrados, etcétera-, que se quejan del atasco.

Cuando hablamos de traslados... es que aquí hablamos de traslados kilométricos, señor Aguilar. ¡Claro!, ¡claro! Si aquí... es que... es que, vamos, venir aquí a decirme... ¡claro!, venir aquí... traslados kilométricos, porque son muchos los kilómetros que se tienen que recorrer para ir a Madrid por la tarde, resolver problemas de ciudadanos allí y volver al día siguiente, o volver por la noche aquí.

Porque claro, aquí venimos a plantear ya si esa resolución o si esa propuesta es legal o no. Poco menos que me suscita a mí aquí usted la duda. Por supuesto que en el ejercicio de sus potestades autoorganizativas, etcétera, el Consejo... el Consejo Superior podrá establecer las medidas que estime para la mejor prestación del servicio. Pero aquí, aquí estaremos tratando de definir si eso es beneficioso para los intereses de los ciudadanos o no.

Y mire, presumir de Ministros castellanos... castellanos y leoneses en el Gobierno, pues es algo que nos puede llenar de satisfacción a todos. Yo le oía decir al Presidente de la Junta esta mañana que "hombre, eso de tener cuatro Ministros en el Gobierno puede ser bueno", y decía después: "pero también puede ser malo". No entendí la explicación que dio de por qué podía ser malo tener cuatro Ministros en el Gobierno.

Pues yo lo interpreto correctamente y creo que es, cuando menos, peligroso. Porque tener un Ministro castellanoleonés como el señor Acebes, Ministro de Justicia, y que consienta que de nuestra Comunidad Autónoma o que sea nuestra Comunidad Autónoma donde se nos apliquen experiencias piloto de estas características, devaluando la calidad de la Administración de Justicia en Castilla y León, pues sí, me resulta peligroso e inquietante tener tanto Ministro en el Gobierno, que, cuando se tocan esferas de su competencia, lejos de beneficiar y proteger los intereses de Castilla y León, sencillamente, se perjudican.

Por lo tanto, yo... -y termino-, desde luego, el carácter voluntario del traslado... Bueno, el carácter voluntario con compensación económica, y que cuando, en fin, el órgano superior establece medidas determinadas para resolver situaciones, hombre, es bastante difícil que nadie se resista a esta petición de colaboración que se le pide.

Hay atasco en Castilla y León. La Administración de Justicia y la valoración que tienen los ciudadanos de Castilla y León de la Administración de Justicia es tan mala como la que tengan en el resto del Estado. Esto puede complicar todavía más la resolución de lo trámites judiciales en nuestra Comunidad Autónoma. Esto nos parece que es una mala solución, esto nos parece que merece una oposición por parte del Gobierno Regional. La firma del pacto por la Justicia no parece que debiera animarnos a iniciar las gestiones para negociar el traspaso de la Administración de Justicia a nuestra Comunidad Autónoma. Y nos parece, además, que mientras esa negociación se produce, para evitar más deterioro en la Administración de Justicia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio del señor Acebes debieran hacer algo más para establecer un plan de choque -eso sí-, no para resolver los atascos en Madrid, sino para resolver los problemas de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma. Nada más y gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para el turno de dúplica, tiene de nuevo la palabra el señor Cañedo.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señor Crespo, si usted ha sido portavoz de casi todo: usted lo mismo habla de temas municipales, que de temas educativos, que de temas de comunicación, que de temas de justicia, que de temas sociales. Si usted es casi portavoz de todo en su Grupo, aparte de Secretario de la Mesa de las Cortes, igual que yo; pero ésa es otra cuestión.

Después de oírle a usted en el turno de réplica, claro, parece que ha hecho una contra al pacto suscrito por ustedes. Usted tenía que haber dicho claramente si ustedes están de acuerdo con el pacto propuesto por el Partido Popular y suscrito por el Partido Socialista, o quieren ustedes la misma justicia que existió en este país, cuando ustedes gobernaron -catorce años de Gobierno-: desastre en la Administración de Justicia, imposibilidad de nombrar un Presidente del Consejo General del Poder Judicial porque no había posibilidad, porque el que se proponía era malo; nombramiento de los jueces por el cuarto turno, entrando de una manera que yo no califico desde esta Tribuna. Punto.

Es que eso, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es que eso no ha producido atascos? ¿Es que no ha producido atascos en la Administración de la justicia el que hayan tenido que producirse modificaciones del Código Penal, cuando no entró en vigor más que a los tres meses de entrar en vigor? ¿Es que no ha producido atascos en la modificación de la justicia la supresión de los Juzgados que ustedes hicieron? "De aquellos barros, estos lodos" que hemos tenido... que hemos tenido que pactar con ustedes, porque a ustedes entendemos que les debe de interesar el pacto. Pero si no les interesa, está bien que lo diga usted, está bien que lo diga usted, como usted lo ha hecho.

A nosotros sí nos interesa que la Justicia funcione. Ha funcionado incluso con los medios que ustedes le negaban; ha funcionado incluso sin medios. Pero queremos que funcione mejor.

(Murmullos.)

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Tranquilícense, Señorías, no se pongan nerviosos.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Silencio, Señorías.

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Y

Y sobre todo, tranquilícese usted, no me haga usted así con las manos, que me subo yo cada vez más.

(Risas.)

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO:

Mire, Señoría. Atasco, lo que es atasco, en Castilla y León le puedo decir a usted que no hay. ¿Dedicación de los jueces? Plena y total, plena y total. Y tenga usted en cuenta que el plan de choque -se lo he dicho- es sin relevación de funciones.

Y gracias por aclarar ante este Parlamento que, realmente, el traslado era una cuestión de kilometraje. Gracias. Porque, evidentemente, primero, es voluntario; segundo, es una prestación de servicio complementaria; y, en tercer lugar, los jueces no han acudido tampoco en la medida que se esperaba, Señoría.

Luego me ha hablado usted de un "pactito". Yo no sé... ¿quiere usted que lo hagamos usted y yo? ¿O quiere usted que lo pactemos luego después, a la hora del café? Yo de "pactitos" no sé absolutamente nada. Yo lo que sé es que la Proposición No de Ley que ustedes plantean es mala por sí misma, es incoherente por sí misma, está fuera de tiempo por sí misma; y, por lo tanto, a usted le han dicho que la defienda y, como usted defiende casi todo, sale y lo hace.

Pero claro, yo le reconozco a usted una voluntariedad tremenda en haberlo hecho; en haberlo hecho, una voluntariedad tremenda. Pero, realmente, lo ha hecho usted con errores importantes, con errores importantes.

Mire, el pacto suscrito va a permitir que los Juzgados abran también en Castilla y León. Y, mire usted, el que tengamos cuatro Ministros de esta Comunidad Autónoma es de por sí bueno, es de por sí bueno. Nunca tuvimos cuatro Ministros de esta Comunidad Autónoma cuando ustedes gobernaban; los teníamos de otras Comunidades Autónomas, evidentemente, y concentrados, concentrados como el caldo "Bovril", exactamente igual.

Mire usted, Señoría, le digo: eficacia en la Justicia es lo que los ciudadanos demandan, lo que los ciudadanos demandan. Y esa eficacia en la Justicia, ¿sabe usted cómo se consigue? Con los medios que se van a poner a disposición de la Justicia: con 250.000 millones de pesetas que contiene el pacto por la Justicia; con una objetivación de los elementos que influyen de manera decisoria en la Justicia, como son el nombramiento y el acceso de jueces. Así sí se puede conseguir que la justicia mejore en su funcionamiento y en su rendimiento.

Pero con la PNL que usted nos trae aquí, que ésa sí que es un pactito, ésa sí que es un pactito, y por eso le he dicho a usted que no a esa PNL, porque es raquítica, absolutamente raquítica y no propone absolutamente nada, nada, porque son ustedes incapaces de proponer nada positivo; proponen ustedes siempre brindis al sol: "ínstese al Gobierno de la Nación para que no sé qué". Aquí, con medidas concretas, díganseme cómo están los Tribunales, díganseme qué hace falta, cuántos millones necesitamos. Eso está en el pacto del Estado.

Ese pactito, por lo tanto, que usted me propone, Señoría, realmente, ni sé en qué consiste... Y si es la PNL, no se la puedo aceptar a usted en nombre de mi Grupo Parlamentario; en nombre de mi Grupo Parlamentario, ya le digo a usted que no, fuera de lugar. Le dije a usted que la debería de retirar y a tiempo todavía está antes de la votación. No sea usted obstinado, que es que no le va a salir. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para ocupar el turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo que no ha intervenido, tiene la palabra don Antonio Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Voy a intervenir para hacer una defensa, precisamente, de la Proposición No de Ley, en apoyo y por argumentaciones que son bastante evidentes. No hay que ser expertos en Jurisprudencia, sólo hay que pasarse, afortunada o desafortunadamente, por las salas de los Juzgados y con eso es suficiente.

Y habría que hacer, posiblemente, otra cuestión que es de sentido común.

Yo tengo, por fortuna, la oportunidad -la he tenido en varias ocasiones- de hablar con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y todavía falta la primera vez que el hombre no se haya referido a la necesidad de la transferencia de las competencias en materia de Justicia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la necesidad de todos los apoyos materiales que, lógicamente, no digo solucionar, pero al menos conseguirían que las listas de espera fuesen como las de la sanidad, sólo como las de la sanidad; no de años... Bueno, yo tengo todavía un caso esperando desde hace varios años...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Por favor, Señorías, no...

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Yo hace pocos días he tenido que pasar por una sala de Justicia y me he encontrado el panorama insólito de estar testificando, oyendo los testimonios en una sala, cuatro mesas, cuatro testigos diferentes sobre cuatro juicios diferentes a la vez, con funcionarios. Esto no me lo niega a mí absolutamente nadie. Y esto es una realidad incontestable...

(Murmullos.)

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: ..

..y haciendo funciones y labores mañana y tarde. Entonces, se puede...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Señorías, guarden silencio, por favor. Don Cipriano, siéntese. Si quiere usted, le doy la palabra después.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: ..

..se puede proyectar la responsabilidad... se puede proyectar la responsabilidad sobre lo que se crea. Pero hombre, ustedes, precisamente, expertos en esta materia por sus profesiones, que digan que las modificaciones legislativas son las que atascan los Juzgados, entonces estaríamos atascados toda la vida, porque los Parlamentos están constantemente modificando legislación: cuando no es el Código Penal es el Código Civil; cuando no, cualquier otro tipo de ley existente. Y por tanto, no tiene sentido.

Pero digo todavía más: lo que aparece en los medios de comunicación, lo que aparece en los medios de comunicación es que se prevén crear en Madrid las secciones autónomamente, según el Consejo General del Poder Judicial, se prevén crear en septiembre todas aquellas salas que permitan deshacer la espera de treinta mil casos que existen en Madrid. Estamos en junio, Señorías; julio y agosto, de hecho, son meses en que disminuye hasta la parálisis estival, disminuye la actividad a todos los efectos en el país.

¿Es que es tan urgente que, precisamente, cuando estamos saturados, cuando estamos recibiendo una situación bastante incómoda, es necesario que ahora nos sometan a esa nueva prueba? ¿Cómo va a ser que algún día no sean las dos Castillas, como se pretende por parte del plan que se establece del Consejo General del Poder Judicial, las que vayan a socorrer, que vayan a paliar el gran atasco de los Juzgados de Madrid?

Les podíamos decir incluso más cosas. Hoy, posiblemente, gracias a los medios de comunicación de que gozan otras Comunidades, es más fácil llegar en puente aéreo desde Barcelona a Madrid que, posiblemente, desde algunas provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con lo cual, tampoco sabemos las razones por las que se pretende esta especie de absorción con duplicación de jornada laboral para nuestros Jueces, que, lógicamente, harto tienen con intentar eliminar la lista de espera, que -aunque digan lo contrario- es realmente preocupante; y preocupante porque esto, habitualmente, quienes lo pagan son los que tienen menos recursos para defenderse ante la Justicia. Y lo estamos viendo en un caso, que no voy a citar, pero que, desde otro país, está resultando bastante aleccionador. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Muchas gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra, por parte del Grupo Proponente, don José María Crespo Lorenzo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

Gracias, señor Presidente. Sólo se entendería su defensa, la defensa que ha hecho usted hoy aquí... o, mejor dicho, la oposición que ha hecho usted aquí a este alarde de sentido común que es la Proposición No de Ley, si le hubieran ofrecido a usted ser Juez por el cuarto turno. Esperemos que no suceda.

Mire...

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Señorías, guarden silencio, por favor. Entren en silencio en el Hemiciclo.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

¿Nos han quitado la megafonía?

Bien. Quiero agradecer, en primer lugar, a don Antonio Herreros el apoyo que ha hecho de esta iniciativa. Y, además... y, además, lo ha hecho en clave de sentido común.

Mire, señor Aguilar, en su Grupo, cuando pierden el sentido común, le encargan a usted que salga a esta Tribuna. Por eso, quizá, le hacen salir tan a menudo. Porque es que no se entiende que una iniciativa planteada en positivo, una iniciativa que no compromete a la Junta de Castilla y León a nada más que a mediar y a impulsar y defender los intereses generales de Castilla y León, pues sea una iniciativa que no puede contar con su beneplácito.

Se marcha usted de esta Tribuna sin responder a la pregunta fundamental que yo creo que nos ha traído aquí, y en cuya respuesta estamos, por lo menos nosotros, empeñados. ¿Es bueno para la Administración de Justicia, en Castilla y León, que los Jueces de nuestras provincias se marchen por la tarde a resolver casos en Madrid? ¿Es bueno eso para la Administración de Justicia en Castilla y León? Me parece que no, señor Aguilar. Si deben ser éstas las medidas -las que proponemos-, si deben ser éstas las medidas más adecuadas o no, el tiempo lo dirá. En cualquier caso, son medidas que tratan de paliar un auténtico desaguisado protagonizado por un Ministro del cual ustedes presumen. No es asumible que un Ministro de esta Comunidad Autónoma, responsable de la Justicia, promueva, impulse y autorice iniciativas o medidas que perjudican el funcionamiento de la Justicia en Castilla y León.

Me dice a mí... me dice aquí que da la impresión, por nuestra intervención, de que ponemos pegas al Pacto por la Justicia suscrito por el Partido Socialista y por el PSOE. Mire, a lo único que le pongo pegas es a lo que usted ha afirmado aquí. Este Pacto ha sido a iniciativa del Partido Socialista y, mal que bien, como en tantos otros asuntos de Estado, el Partido Popular reflexiona y el Gobierno suscribe. Por lo tanto, no verá usted en mi Grupo Parlamentario ni en mí ningún matiz a aquellas políticas de Estado en las cuales somos capaces, desde la Oposición, de proponerles a ustedes acuerdos que, costándoles mucho, acaban asumiendo; entendiendo que, con ello, prestamos un mejor servicio al país.

Y como en esta Comunidad Autónoma, por ahora, y de su intervención se deduce que por mucho tiempo, no vamos a gestionar, ni vamos a reivindicar la asunción de las competencias en materia de Administración de Justicia, es por lo que, humildemente, le planteaba a usted un pequeño pacto para defendernos de los acosos que el Estado, el Gobierno protagoniza a la Administración... al funcionamiento de la Administración de Justicia en Castilla y León. Y usted puede trivializar lo que quiera, y usted puede ridiculizar todas las expresiones que quiera, pero a nuestros conciudadanos no les hace ninguna gracia que sus asuntos estén paralizados durante meses, cuando no años. Y eso -se lo ha dicho don Antonio Herreros- es la evidencia. Y usted pisa los juzgados a diario; parece mentira que usted quiera negar aquí lo que es una auténtica realidad.

Y no le digo nada de los Juzgados Municipales, de los Juzgados de Paz, etcétera. Hay Juzgados de Paz en los municipios, y los Juzgados de Paz sabe usted cómo están, cómo funcionan, cómo sirven y en qué condiciones prestan servicio a los ciudadanos.

Que no hay atasco en la Justicia en Castilla y León es usted el único que lo dice. Que la Justicia en Castilla y León funciona con la suficiente corrección para producir excedentes en los profesionales que se vayan a otras regiones, a otros lugares a resolver expedientes, es usted el único que lo dice. Son ustedes los únicos que lo dicen.

A nosotros nos parece, ¿eh?, nos parece que una gestión... que la gestión de la Administración de Justicia por parte de la Comunidad Autónoma redundaría en una mayor eficacia.

Uno de los que suscribieron el Pacto... uno de los que ha promovido la firma del Pacto, pues, estuvo en Castilla y León no hace muchísimo tiempo; se llama don Fernando López Aguilar. Y es de los que han negociado y han suscrito... (No, no, no tiene nada que ver con usted, se lo aseguro, ¿eh? Y además... pero, de verdad, ¿eh?, no tiene absolutamente nada que ver con usted.) Y don Fernando López Aguilar, cuando visitó esta Comunidad Autónoma, pues dejó escrito en los medios de comunicación que la Justicia mejorará cuando la gestionen las Autonomías. Y éste ha sido una de las personas que, en nombre del Partido Socialista, ha negociado con ustedes ese Pacto por la Justicia. Bueno, pues resulta que la interpretación que usted hace aquí es que eso dificulta, o no aconseja, o no recomienda que desde Castilla y León pidamos la aplicación de lo que está establecido en nuestro Estatuto, en su Artículo 30, como es la gestión de la Administración de Justicia.

Y oponerse, señor Aguilar, oponerse a que en Castilla y León se elabore un plan de choque -que aquí sí se necesita, porque tenemos los mismos problemas que se tienen en el resto del Estado en relación con la Administración de Justicia- me parece de una absoluta deslealtad por su parte. Porque no sólo las cosas no están bien aquí, sino que, con las decisiones que ustedes toman, las van a empeorar. Frente a eso, nosotros les hemos sugerido, les hemos propuesto -insisto- algo que es de puro sentido común: no permitan ustedes que se marchen los Jueces de Castilla y León; detrás podrían venir los médicos, los profesores, los veterinarios, a resolver problemas donde el Ministerio de turno...

(Murmullos.)

EL SEÑOR CRESPO LORENZO:

¡Hombre!, fíjese usted...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señorías...

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ..

..teniendo... Mire, hay dos cosas que son muy lentas en Castilla y León, y en las dos tienen ustedes mucho que ver: la Administración de Justicia y estas Cortes. O sea que lo que... sólo faltaba, ¿eh?, que el excedente de Parlamentarios que se produce en el Grupo Popular tuviera que irse a otro sitio. Mire, es bastante serio, ¿eh?, es bastante serio.

Ustedes se empeñan... ya no en resolver problemas en Castilla y León, sino, siquiera, en evitar que sus compañeros en otros sitios no se los ocasionen. Y, por lo tanto, pues así nos va y así nos irá en el futuro. Pero bueno, yo creo que esto cambiará. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se procede a someter a votación esta Proposición No de Ley. Quienes estén a favor, levanten la mano. Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y tres. Votos a favor: veintiocho. Y votos en contra: cuarenta y cinco. No hay abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día. Guarden silencio, Señorías.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

Decimoquinto punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentario Popular y Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 121.3 del Reglamento, el señor Secretario... perdón, Vicepresidente dará lectura también al criterio de la Junta, en orden a la tramitación de este... de esta Proposición.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR JAMBRINA SASTRE):

"La Junta de Castilla y León, en su reunión de diecisiete de mayo de dos mil uno, da su conformidad a la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se abre un turno para la fijación de posiciones por los Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Mixto, señor Rad, tiene la palabra.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Se toma en consideración por esta Cámara, y a petición de sus partidos mayoritarios, una Proposición de Ley, la del Consejo Consultivo, que desde Tierra Comunera juzgamos con toda su importancia, como un elemento clave para nuestro desarrollo estatutario, como un elemento también básico en el proceso de recuperación de nuestra soberanía y como un elemento indispensable para la agilización de muchos de los trámites legislativos que actualmente son colapsados por un Consejo de Estado, a los que se requiere información, lejano física y políticamente de nuestros intereses.

Aunque nuestro Partido no estuvo presente en el desarrollo parlamentario de la última reforma del Estatuto, que culminó en enero de mil novecientos noventa y nueve, y aunque estamos insatisfechos por sus resultados finales, por creerlos y considerarlos insuficientes, pues no es el Estatuto que nosotros desearíamos para las ciudadanas y los ciudadanos de Castilla y León, a pesar de eso, sí reconocemos, al menos, la necesidad urgente de abordar algunas de las reformas introducidas, como son las que se han presentado recientemente en este año legislativo.

Lamentablemente, hasta ahora, la falta de voluntad política para un acuerdo de los Grupos mayoritarios en la Cámara lo ha impedido. De forma más clara y sincera, el capricho político del Grupo Popular ha supuesto un considerable retraso de más de dos años para su puesta en marcha. Y ahora parece ser que el escenario político ha cambiado y el capricho de Sus Señorías, pues, ha encontrado hueco para traer estas tres importantes iniciativas legislativas.

Ignoramos por qué la reforma del Reglamento del Procurador del Común no se ha hecho, y ha sido presentada solamente por el Partido Socialista. Una petición que hemos recibido todos los Grupos... todos los Partidos con representación en esta Cámara; una necesidad que se ha venido poniendo en evidencia año tras año, siempre que en esta Cámara se ha podido exponer el Informe preceptivo del Procurador del Común, cosa que este año legislativo, pues, ignoramos si va a ser posible.

Pero, como en el caso de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León, el acuerdo entre los distintos partidos parlamentarios no se ha buscado por la vía correcta. Se han querido alcanzar acuerdos, quizá de cara a la sociedad, por parte de los partidos mayoritarios; acuerdos perfectamente publicitados, y que, curiosamente, han sido un fiel reflejo de lo que se producía... de otros acuerdos que también se producían a escala nacional. Que no queremos quitarles su validez, pero que sí que dan una cierta idea de cómo discurre nuestra política regional.

Hoy el consenso no parece ser el mismo, y me temo que una Institución como la del Procurador del Común vaya a pagar las consecuencias claras de esta situación.

En este proceso, en este proceso de búsqueda de consenso, no se ha respetado con claridad la pluralidad de esta Cámara, con un... yo estimo que desprecio manifiesto de los partidos minoritarios que estamos representando a una parte del pueblo de Castilla y León.

Eso es lo que ha llevado a Tierra Comunera, en su momento, a rechazar la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, por lo menos en su toma en consideración, y lo que también supone nuestro rechazo a esta toma en consideración del Consejo Consultivo. Más que por discrepar de su necesidad o importancia, sí por su forma de tramitación, la forma en cómo se ha llegado a esos acuerdos.

Tampoco hemos de ocultar nuestras discrepancias concretas en el texto presentado. Discrepancias que quizás hubiéramos podido resolver en un proceso de diálogo o de forma previa a su presentación en esta Cámara, pero discrepancias que sí que entendemos que son serias en cuanto a la elección y la composición del Consejo Consultivo. Algo que, desde luego, no es banal, no es un hecho soslayable fácilmente, sino que es una premisa clara para su correcto funcionamiento y que puede ser una rémora importante que lo haga ineficaz.

No estamos dispuestos, principalmente, a admitir que sean miembros natos los Ex Presidentes de esta Comunidad; tampoco pretendemos excluirlos. Pero, desde luego, mal comienzo sería para un Consejo Consultivo su catalogación como retiro dorado de personas que ya han cumplido su ciclo político, su vida política, y que ya han jugado un papel, bueno o malo, en la realidad de Castilla y León.

Y, desde luego, tampoco disimulamos desde Tierra Comunera que algunos Presidentes -sobre todo de los últimos de esta Comunidad- no deseamos verlos por aquí, casi, ya ni en visita oficial.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Señor Herreros, para compartir el turno, tiene ahora la palabra.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Salgo a la Tribuna con la finalidad de exponer el criterio que a Izquierda Unida le merece, tanto en la forma como en el fondo, el Proyecto de Ley del Consejo Consultivo, en la Toma de Consideración pertinente para que sea tramitado en estas Cortes.

Reflexionando -y lo digo absolutamente en serio- sobre estos dos Proyectos de Ley, tanto el Consejo Consultivo como el Consejo de Cuentas, llegaba un poco a la conclusión de que son bastante exposición de lo que está ocurriendo políticamente en el Parlamento, en las Cortes, no tanto en la sociedad de Castilla y León.

Y es que, posiblemente, estamos confundiendo concepciones, términos, y se utilizan -posiblemente yo también- con excesiva laxitud los conceptos de "diálogo", "consenso", "participación", incluso diría "democracia". Y es fácil, cualquier Portavoz, decir "esto se aprobó por consenso" en el mismo momento en que ha sido sólo aprobado por dos Grupos Políticos mayoritarios -muy mayoritarios, pero dos Grupos Políticos-, y otros no lo hayamos aprobado.

O diálogo, el simple hecho de encontrarse por los pasillos y plantearle a alguien "tenemos que hablar sobre tal cuestión", y ya, eso ya parece que culmina el desiderátum de todos los planteamientos de diálogo por parte de algunos Portavoces que en general coinciden con los Grupos Políticos mayoritarios de la Cámara.

Después, uno, a través de los medios de comunicación -siempre a través de los medios de comunicación-, se va enterando: llevan reunidos en sesiones frecuentes todo un mes, quince días -más tiempo incluso-, para hablar de este proyecto, de la otra negociación, del otro acuerdo, del otro planteamiento...

Hay un caso incluso insólito. En el año noventa y cinco nos propusimos modificar el Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Nosotros, ingenuos, pero al fin y al cabo con la intención de echar nuestro cuarto a espadas y, sobre todo, que los Grupos minoritarios tuviesen esa... ese recibimiento que se espera cuando se habla de pluralismo, de participación y de democracia, pues hicimos hasta incluso un borrador, un proyecto alternativo. Y me acuerdo de la fecha, precisamente, porque fue el tres de septiembre del noventa y cinco cuando lo hicimos presente aquí.

Bueno, pues no sé si será responsabilidad de los Grupos minoritarios, que ha ido durmiendo el sueño de los justos, y ahora nos enteramos, nuevamente, que han empezado a reunirse Sus Señorías respectivas de los Grupos mayoritarios para desbloquear, desbloquear lo que me imagino que ustedes mismos reconocerán que bloqueaban ustedes; porque los demás no hemos tenido ni siquiera la opción posible de bloquear.

Lo digo esto con pena, aunque lo diga así; ocurrió en el Estatuto de Autonomía y, sin embargo, allí sí hubo diálogo, participación. Pero alguien se empeñó en que el hecho de no haber aceptado y haber tragado con todo lo que se planteaba por parte del resto de los Grupos Parlamentarios en la reforma del Estatuto de Autonomía descalificaba para siempre cualquier oportunidad de diálogo o participación, entendiendo que el diálogo y la participación tiene que ser asumir o aceptar cualquier planteamiento -el planteamiento que mayoritariamente se preste por parte de los Grupos Políticos-; o, si no, uno se convierte en díscolo opositor, que no merece la consideración del diálogo.

Pues bien, Señorías, si ésa es la filosofía -y lo digo de forma abstracta-, dense ustedes por descalificados desde el punto de vista de la concepción más elemental de los principios democráticos que inspiran la Constitución Española y que inspiran cualquier democracia en el mundo occidental.

Por tanto, hemos de decir que el hecho de que en ninguna de las dos cuestiones se haya planteado de forma abierta la posibilidad de ese diálogo, de la consecución posible de un consenso, para nosotros ya es un obstáculo, y un obstáculo importante para tomar en consideración ambos Proyectos de Ley.

Sí voy a hacer una pequeña diferenciación. La diferenciación es: así como el Consejo Consultivo de Cuentas... Y, posiblemente, si no es necesario, no intervendré en el próximo punto, porque algunos Procuradores incluso llegan a decir que ya están hartos de verme en la Tribuna -ése es un derecho que no me lo va a quitar de momento nadie, hasta las próximas elecciones-. Lo que sí manifiesto es que el Consejo Consultivo de Cuentas, la Toma en Consideración la aceptamos, entre otras razones, porque obedece a una necesidad imperiosa que hemos venido reclamando; que, incluso, esta Cámara, a proposición nuestra, llegó a aprobar por unanimidad el que se pusiera en marcha -entonces lo denominábamos "Tribunal de Cuentas"-, y que no puede demorarse por más tiempo a la vista de las necesidades reales -escandalosas en algunos casos- que se vienen produciendo en algunas Administraciones. Y no se puede esperar a cinco años después tener los dictámenes del Tribunal de Cuentas a nivel de la Comunidad.

Sin embargo, con el Consejo Consultivo, pues, tenemos más problemas; tenemos más problemas, porque entendemos que a veces es como tratar de un organismo garantista de la garantía garantizada en la Constitución, que va a ayudarnos, posiblemente, más a condicionar los dictámenes o las resoluciones que puedan hacer las propias Cortes de Castilla y León. Y sin menoscabo de que en un futuro, sin la necesidad y la urgencia que en estos momentos se plantea sí se pueda entender, no entenderíamos que hoy reúne las mismas condiciones y características de necesidad y urgencia a ojos vista de lo que es el Consejo de Cuentas.

Por tanto, no entendemos que esas premuras, si no es por una negociación que han establecido Sus Señorías en sus respectivos o entre sus respectivos Grupos en esa materia. Y no quiero pensar mal, pero incluso los medios de comunicación han llegado a plantear que posiblemente estén resueltos los problemas individualizados de las personas que van a hacerse cargo de esta materia. Lo cual nos deja... a los que no hemos podido participar en el asunto nos deja absolutamente al margen de cualquier planteamiento político.

Rogaría que ambos Grupos Parlamentarios retomasen... -ya sé que es difícil, ya sé que es difícil-, pero que retomasen esta cuestión, más en aras que de resolver el Proyecto de Ley o los Proyectos de Ley, más en aras a entender los procesos de participación, de diálogo y democracia, en ese criterio pluralista que siempre esgrimimos, pero que rara vez cumplimos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don José Francisco Martín Martínez tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. La verdad es que subo a la Tribuna con una mezcla entre satisfacción y preocupación. Satisfacción porque, por fin, vamos a poder discutir en esta Cámara y tomar en consideración dos Proyectos de Ley que a nuestro Grupo Parlamentario por supuesto que le parecen, los dos, importantes -y muy importantes-, y que durante mucho tiempo hemos reclamado para que por fin se pudieran discutir en esta Cámara.

Pero también, junto a esta satisfacción por... por el hecho que se produce hoy, la preocupación por las intervenciones que hemos podido oír anteriormente de los representantes del Grupo Mixto, en el sentido de que en la elaboración de estos Proyectos de Ley no podíamos hablar de consenso, no podíamos hablar de acuerdo y no podíamos hablar ni siquiera de diálogo.

Bueno, yo creo que, a partir de ahora, vamos a poder hablar de consenso, vamos a poder hablar de acuerdo; eso es lo que esperamos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Y desde luego que sí hemos podido hablar de diálogo, porque hemos esperado... hemos esperado desde un primer borrador al que... que hicimos público en el mes de febrero de este año, hemos esperado más de dos meses; y se remitió inmediatamente al Grupo Mixto, a todos los representantes del Grupo Mixto, para que en un período prudencial -y estuvimos esperando desde el Grupo Parlamentario Socialista más de dos meses para que se hiciera cualquier tipo de intento de diálogo, de intento de mejora, de intento de modificación, de lo que fuera-, y no hemos recibido durante ese período ninguna sugerencia. No recibimos durante todo ese período ninguna iniciativa de diálogo, cuando habíamos aclarado perfectamente que esto no era un texto cerrado -de hecho hay modificaciones respecto a aquel principio que se hizo público en su día, en el mes de febrero-, que no era cerrado y que estábamos abiertos a cualquier diálogo. Por eso me preocupa.

Pero, en todo caso, en todo caso, creo que es el momento, el momento de retomar ese diálogo al que el Grupo Parlamentario Socialista desde luego que está totalmente abierto, desde ahora y desde el principio, totalmente abiertos a ese diálogo con los representantes del Grupo Mixto y, desde luego, con una voluntad. Creemos que son temas lo suficientemente importantes como para que se adopten con un acuerdo y con un consenso de todos los Grupos, de todos los Grupos representados en esta Cámara.

También, también cierta preocupación -y así lo quiero hacer público en esta... en esta Tribuna; y en eso coincido con los representantes del Grupo Mixto- por que esto no se pare aquí, esto no se pare aquí y se reaviven, se reaviven otros temas, otros temas -de la misma importancia por lo menos- que, además, son compromisos del Gobierno Regional, incluso... del Gobierno Regional anterior, e incluso ratificados por el actual Presidente del Gobierno Regional. Y desde aquí hacemos un llamamiento al Grupo mayoritario para un nuevo impulso, una nueva fuerza y un pisar el acelerador para, con carácter definitivo, cerrar determinados temas que llevan mucho tiempo coleando. Y en eso coincidimos totalmente, en que es imprescindible ya el cerrar la reforma del Reglamento de las Cortes, pero es imprescindible también el llegar a algún tipo de acuerdo, de diálogo, de negociación en relación a temas fundamentales para esta Comunidad Autónoma como la financiación de las Comunidades Autónomas, la transferencia de la Sanidad o las propias Directrices de Ordenación del Territorio.

En todo caso, me quedo en esta llamada al Grupo mayoritario para que, con carácter inmediato, se pise el acelerador y podamos cuanto antes -todos, todos- cerrar los acuerdos necesarios en materias tan importantes para la Comunidad Autónoma.

Y, simplemente, voy a realizar la presentación... -que yo creo que esta Cámara se la merece- la presentación de las líneas generales que informan esta Proposición de Ley de Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo que, efectivamente... y alguno de los intervinientes del Grupo Mixto coincide con la postura del Grupo Parlamentario Socialista inicial, nosotros entendíamos también que era mucho más necesario y mucho más acuciante para la Comunidad Autónoma, en su momento, la puesta en marcha del Consejo de Cuentas que la puesta en marcha del Consejo Consultivo. Lo que pasa es que... dos cosas: por el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta y ahora somos perfectamente conscientes que el Consejo Consultivo ya es, por lo menos, tan necesario como el Consejo de Cuentas en esta Comunidad Autónoma. Y luego, también, por las características que hemos conseguido dotar al Consejo Consultivo -algunas de las cuales citaré, porque son fundamentalmente iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista-, creemos que es un Consejo Consultivo lo suficientemente digno y lo suficientemente importante como para que no se pierda ni un minuto más en ponerlo en marcha, que -creemos- agilizará muy mucho la actuación de la Administración en Castilla y León, de toda la Administración, incluyendo la Administración Local también, y, por supuesto, contribuirá -y ése es nuestro objetivo- a acercar mucho más la Administración al ciudadano.

El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo de la Comunidad de Castilla y León, y ejercerá sus funciones... -y éste el elemento definitorio para nosotros, absolutamente definitorio, en contra de algún comentario, yo creo, que hemos querido entender en las intervenciones anteriores- ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar la objetividad e independencia de las mismas.

En este sentido, el carácter de las consultas... éste es el objetivo final de nuestro Grupo Parlamentario. Y, en este sentido, destacar el carácter de las consultas que deberán realizarse con carácter preceptivo al Consejo Consultivo, que también... -y yo voy a señalar algunas de las más importantes, a juicio de nuestro Grupo- que también son necesidades que tantas y tantas veces hemos oído en esta Cámara con carácter general y con carácter particular.

Por ejemplo, será obligatorio, será preceptiva la consulta al Consejo Consultivo en los proyectos de legislación delegada o en los proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes. Ése es un elemento, a juicio de nuestro Grupo, absolutamente fundamental para terminar de una vez por todas... para garantizar, con el asesoramiento del Consejo Consultivo, que estos desarrollos reglamentarios no vayan en ningún caso en contra de la filosofía de la ley aprobada en esta Cámara, como tan a menudo... como tan a menudo nos encontramos en materias como, por ejemplo, el acceso a las residencias públicas, el acceso a las residencias de la Tercera Edad de carácter público, que nos hemos encontrado con un Reglamento absolutamente diferente a lo que era la voluntad legal aprobada en esta Cámara. Hasta ese punto son importantes algunas de las funciones del Consejo Consultivo.

Es importante también... es importante también que el Consejo Consultivo tenga que informar con carácter preceptivo los convenios o acuerdos de cooperación de Castilla y León con otras Comunidades Autónomas. Y nosotros incluimos también, incluso, por ejemplo, con Portugal. No es posible... no es posible que esos convenios de cooperación se firmen por el Gobierno Regional sin ningún tipo de asesoramiento y de conocimiento de un órgano como puede ser el Consejo Consultivo.

Y lo que es fundamental para nosotros: es preceptivo que el Consejo Consultivo informe con carácter preceptivo los expedientes tramitados por la Junta de Castilla y León y por las Administraciones Locales que versen sobre cláusulas administrativas generales de interpretación, nulidad y resolución de los contratos administrativos; algo que tantas y tantas veces hemos reclamado todos, por lo menos toda la Oposición en esta Cámara.

Igual que sobre los expedientes de concesiones administrativas, igual que sobre los expedientes de modificaciones de planes urbanísticos; algo absolutamente fundamental que ahora está colapsando totalmente la consulta -también preceptiva- al Consejo de Estado por parte de nuestros Ayuntamientos.

También el Consejo Consultivo, con carácter preceptivo, tendrá que informar en la resolución de recursos administrativos en aquellos casos en que por precepto expreso de una ley así se establezca. Y a partir de ahora esperamos que en mucha de la legislación que surja de esta Cámara se recoja esta necesidad.

Hasta aquí tres o cuatro pinceladas de las consultas preceptivas al Consejo Consultivo que a nosotros nos han llevado a poder decir hoy que estamos satisfechos de la Proposición que se presenta, aunque creemos que es perfectamente mejorable con el diálogo y con la búsqueda de acuerdo que a partir de ahora volvemos a reiterar a los componentes del Grupo Mixto.

Pero además de estas consultas preceptivas, yo me centraría también en las consultas facultativas, aquellas que se pueden solicitar tanto por estas propias Cortes de Castilla y León como por la Administración: Administración Regional y Administración Local.

Y, en concreto, una cita a las Corporaciones Locales y la sustitución que el Consejo Consultivo hace de la necesidad de que las Corporaciones Locales para todos los temas que hasta ahora eran de consulta preceptiva en el Consejo de Estado pasen automáticamente a ser sólo y exclusivamente de consulta preceptiva ante un órgano regional: el Consejo... el Consejo Consultivo.

En relación a la composición, simplemente decir que hemos buscado... hemos buscado, con la fórmula que figura en la Proposición de Ley, que los Consejeros del Consejo Consultivo sean el resultado de un amplísimo consenso de esta Cámara: los Consejeros electivos y a elegir por esta Cámara sean el resultado de un amplísimo consenso, elegidos por mayoría de tres quintos... de tres quintos de esta Cámara, lo cual, nuestro juicio, va a garantizar la imparcialidad y la objetividad en la elección de estos Consejeros.

Por si esto no fuera poco, nosotros nos hemos preocupado muy mucho de establecer en esta Proposición de Ley un régimen de incompatibilidades absolutamente amplio -lo más amplio que yo creo que se puede establecer en una norma de este estilo-, para garantizar esa imparcialidad y esa objetividad, dejando absolutamente fuera e incompatible de los Consejeros del Consejo Consultivo cualquier tipo de actividad, pública o privada, que pudiera simplemente llevar a la más mínima sospecha de que esta imparcialidad y objetividad de los miembros del Consejo en cualquier momento estuviera vulnerada.

Desde el Grupo Parlamentario, desde el Grupo Parlamentario hemos hecho también especial hincapié en la celeridad en la elaboración de los informes. Hemos establecido un plazo de un mes para que el Consejo Consultivo elabore todos los informes que con carácter preceptivo tiene que elaborar, y la posibilidad de que el Consejo Consultivo reciba informe ante él de todas las personas y organizaciones con competencia técnica en los temas relacionados con los asuntos sometidos a su consulta.

Y también nos hemos preocupado mucho desde el Grupo Parlamentario para que el Consejo Consultivo pueda funcionar en pleno y en secciones, lo cual, a nuestro juicio, le dará una mayor agilidad.

Con esto finalizo en esta mínima descripción de cuáles son los elementos que a juicio del Grupo Parlamentario Socialista son más importantes en la composición, y en el funcionamiento, y en el porqué del Consejo Consultivo. Y, simplemente, finalizo haciendo una nueva llamada a la agilidad, para que en la tramitación parlamentaria, en la tramitación parlamentaria del Consejo Consultivo no se pierda ya ni un solo momento. Y en la agilidad, también, para la designación de los miembros del Consejo, de los miembros iniciales del Consejo, y que el Consejo pueda iniciar su trabajo inmediatamente. Agilidad, y también una última llamada al Grupo Parlamentario mayoritario y al Gobierno Regional para algo absolutamente fundamental y sin lo cual todo esto no tendría ningún sentido: para que la dotación de medios personales y materiales inicial del Consejo Consultivo se haga con una absoluta generosidad, elemento sine qua non para que el Consejo Consultivo no nazca lastrado desde un principio.

En la confianza de que conseguiremos esa generosidad y esa agilidad en la tramitación del Consejo Consultivo, finalizo haciendo una nueva llamada a los componentes del Grupo Mixto para que, con carácter inmediato, se incorporen a este diálogo, en la búsqueda de este acuerdo y consenso absolutamente imprescindible para un órgano que, de verdad -créanme-, tiene mucha importancia, como es el Consejo Consultivo de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Concedemos ahora la palabra a don Francisco Vázquez como Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Para mí sí que constituye una satisfacción -y no es motivo de preocupación, sino todo lo contrario- que se debatan este tipo de asuntos. Y es una satisfacción, a la vez que un privilegio, porque supone en un asunto de esta trascendencia y de este calado, que es el alumbramiento de un nuevo órgano que se incardina dentro del bloque de... institucional del Estatuto de Autonomía, y que a la vez está diseñado por la nueva configuración del Estatuto de Castilla y León que se dio en enero de mil novecientos noventa y nueve.

Por lo tanto, independientemente de los asuntos de forma y de fondo que los anteriores Portavoces aquí han tratado, y que brevemente sí que me gustaría a mí también tratar, yo creo que se tienen que dar unos datos básicos, aunque no reiterativos, sobre la estructura que ya ha quedado perfectamente configurada y diseñada anterior del Consejo Consultivo.

Por lo que se refiere a los datos básicos, no se nos escapa a nadie que este Consejo es tributario y es, lógicamente, no sólo del Artículo 24 de nuestro Estatuto de Autonomía en su configuración actual, sino que también data de que nos queremos dotar de un órgano de consulta propio, de un órgano máximo de asesoramiento en materia consultiva jurídica, y que ahora carecía esta Comunidad Autónoma. Ahora mismo, según está configurada, nuestras máximas consultas, deberíamos acudir al Consejo de Estado, al Artículo 107 de la Constitución y a la Ley Orgánica del ochenta que le desarrolla.

Por lo tanto, sí que le parece a este Grupo Parlamentario que dotarse ya de un órgano superior de consulta a la Comunidad Autónoma es importante. Y es importante porque, al igual que el otro órgano, que el otro Consejo que se va a tratar con posterioridad en el siguiente punto del Orden del Día, incide en uno de los tres poderes del Estado, independientemente de si estamos en el tema de la separación, o de la teoría de la división, o de la teoría de la colaboración de los poderes del Estado.

Aquí anteriormente... en el anterior punto del Orden del Día se ha citado o se ha venido... se ha traído a debate otro de los poderes del estado, el Poder Judicial, independiente de todos los demás. Pues bien, en este punto y en el siguiente se va a hacer incidencia precisamente en los otros dos. De ahí la trascendencia de tratar estas cuestiones y este órgano en las Cortes. Si bien el Poder Legislativo se dotará -como así esperamos todos por lo que hemos oído- de un órgano importante de control de las cuentas del Estado, como será nuestro futuro Consejo de Cuentas, no es menos importante, sino todo lo contrario, que el poder Ejecutivo se dote de un órgano de consulta, de un órgano superior para las consultas de todas las normas, tanto de rango legal como de rango reglamentario; y que vendrán a configurar toda la Administración Autonómica. Es decir, no solamente una Administración Central, ya sea desde el punto de vista territorial, en central o periférica, Administración General, no sólo la Administración Institucional de que también se ha dotado esta Comunidad Autónoma a través de diversos organismos autónomos o de otras empresas públicas, no sólo de la administración corporativa, que también esta Comunidad tiene a través de Cámaras y de diversos colegios profesionales, sino en la cuarta pata importante de la Administración Autonómica estaría constituida por -precisamente- la administración consultiva. Y el máximo órgano de esta administración consultiva debe ser nuestro Consejo Consultivo, que, como dice en el propio Artículo 1, lo que hace es prestar la observancia no sólo a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, sino también a todo el ordenamiento jurídico.

Como digo, en lo que respecta a la estructura propia de la Proposición de Ley no voy a hacer incidencia, porque ya se ha tratado aquí a través de sus veinte artículos en que se han resumido y de los tres títulos que recogen estos veinte artículos: de la naturaleza del régimen jurídico, de los criterios generales de actuación, de los informes y dictámenes y de la composición y funcionamiento del propio Consejo. Pero sí que me gustaría -como he dicho al comienzo de la exposición- tratar de responder a algunas preguntas que por parte de los componentes del Grupo Parlamentario Mixto se han hecho aquí, en esta tribuna hoy.

En primer lugar, es importante el porqué de la configuración de este máximo órgano consultivo, independientemente de lo que acabo de decir. Es importante ya que se basa en razones como la ampliación de las competencias propias de nuestra Comunidad Autónoma. Es decir, en el tiempo se han venido asumiendo competencias por parte de nuestra Comunidad, y éste es un punto importante, de que ya, al ser una Comunidad -después de la reforma del Estatuto- que tiene asumidas gran parte de las competencias que se pueden asumir después de la última reforma, es importante que nuestra Administración se dote de este máximo órgano consultivo, y no tenga que ir -como se hace ahora mismo- al órgano máximo consultivo del Estado, como es el Consejo de Estado.

También -y al hilo de lo anterior-, otra segunda razón sería el legítimo ejercicio del autogobierno y la profundización en la propia autonomía, que ya ha quedado -como digo- establecida en la propia configuración de este órgano en el Artículo 24 de nuestro actual Estatuto de Autonomía. Y también, por razones de eficacia, por razones de pronta resolución de las consultas, se justifica el por qué este órgano es importante que se cree, y a través de una Proposición de Ley en nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, independientemente de las consultas de todo tipo que ya se han comentado aquí, sean preceptivas, facultativas o.... la novedad más importante con respecto a la configuración de otros Consejos similares en otras Comunidades Autónomas, como son las competencias y las... informes a que puede llegar por parte de las consultas de nuestras Corporaciones Locales, también se hacía aquí alguna pregunta en lo que respectaba al cuándo. Pues bien, nosotros creemos que éste es el momento oportuno; es el momento oportuno después de una reforma institucional de nuestra Comunidad Autónoma, a través del Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica aprobada el ocho de enero del noventa y nueve. Y es el momento oportuno también porque con anterioridad ha habido otros Consejos y otros órganos consultivos de este tipo, en los que después el Tribunal Constitucional ha mostrado diversas cortapisas y han tenido que ajustarse a determinados condicionantes. Por lo tanto, nosotros, haciéndonos eco de esa experiencia -que no nos debe sobrar- creemos que es el momento oportuno para la creación de este Consejo Consultivo.

Y también se ha hecho aquí referencia a las negociaciones que se han tenido en cuenta en todo este camino a que ha llegado a la presentación, por fin, y a la lectura de hoy en esta Cámara del Consejo Consultivo.

Las negociaciones -como ustedes saben- han estado siempre abiertas a todos los Grupos de la Cámara, han estado siempre en relación con lo pactado en el Estatuto de Autonomía y han estado siempre el ofrecimiento por parte de este Grupo y del otro Grupo, también del Grupo Socialista de esta Cámara, para tratar acerca de las cuestiones y de las negociaciones. Hasta tal punto ha sido así que no se ha cerrado ningún acuerdo hasta tres meses después, prácticamente, del ofrecimiento que se hizo, no a los medios de comunicación para que lo conocieran, porque había total transparencia en el borrador a que se había llegado al acuerdo, sino antes de la presentación en el propio Registro de la Cámara. Y se hizo no sólo públicamente, sino por escrito, y no se produjo ninguna respuesta por parte del otro Grupo Parlamentario y de los otros Partidos integrados en el mismo.

Por lo tanto, nosotros no sólo hemos tenido un ofrecimiento previo y siempre abierto, sino que también es un buen lugar esta Proposición de Ley, también se inicia hoy el camino de la tramitación parlamentaria de esta Proposición de Ley para que todas las cuestiones que recoge esta Proposición queden abiertas al diálogo, y que las aportaciones que en su momento no han sido posibles, por los motivos que sean, de haberse hecho por el otro Grupo, por el Grupo Mixto de esta Cámara, se puedan hacer en trámite parlamentario.

Por lo tanto -como digo-, yo sí que, desde el punto de vista formal, creo que los obstáculos se han salvado y se pueden seguir salvando en este sentido en la próxima tramitación parlamentaria. Y, desde el punto de vista del fondo del asunto, creo que ha quedado suficientemente justificada la indispensabilidad -como ha dicho también por otra parte un representante del Grupo Mixto, el señor Rad-, la indispensabilidad de que este órgano se confeccione y se constituya para nuestra Comunidad Autónoma.

En lo que se refiere a las discrepancias, creo que podríamos llegar a acuerdos en la futura tramitación parlamentaria.

Y en lo que se refiere a la configuración del órgano en su conjunto, pues es perfectamente homologable a otros órganos de otras Comunidades Autónomas, y, como digo, del órgano principal que ha servido de inspiración a todos ellos, como es el Consejo de Estado.

En aras de que esto así se produzca, nosotros esperamos que sigamos llegando a acuerdos, ya digo, en la próxima tramitación parlamentaria. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Procedemos a la votación.

¿Las Cortes toman o no en consideración la Proposición de Ley reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León? ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? (No, no votan aquéllos.) ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y dos. Sesenta y siete a favor y cinco en contra. Queda, por lo tanto, aprobada la toma en consideración de esta Proposición de Ley, y la Mesa de la Cámara acordará su remisión a la Comisión correspondiente para la apertura del plazo de presentación de enmiendas y que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Señor Secretario, le ruego lo enuncie.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Decimosexto punto del Orden del Día es la "Toma en consideración de la Proposición de Ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Antes de iniciar el debate, como en el caso anterior, ruego al Secretario dé lectura también al Acuerdo de la Junta concediendo su autorización.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

"La Junta de Castilla y León, en su reunión de diecisiete de mayo del año dos mil uno, da su conformidad a la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se abre un turno para fijación de posiciones. ¿Por el Grupo Mixto? Señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Gracias, señor Presidente. Señorías, brevemente, y desde el escaño -como había anunciado-, en la práctica, en este caso estamos absolutamente de acuerdo y convencidos de la necesidad y de la conveniencia de que se pongan en marcha los mecanismos legislativos para conseguir que en un periodo que ya tendría que haberse producido hace varios años, pero que, ¡qué le vamos a hacer!, el Consejo de Cuentas pueda ser una realidad en nuestra Comunidad. Decía -y repito-, por razones absolutamente objetivas, por razones obvias, de... esto sí es una prestación real de asesoramiento a las instituciones locales y a la propia... propias instituciones autonómicas.

No iba a intervenir, pero, a la vista de las sugerencias, no vamos a admitir como segunda vuelta, aunque vamos a... desde luego, nosotros vamos a participar en el momento en que los plazos... se nos dé para hacer todos los análisis y todas las exposiciones pertinentes, las enmiendas a que haya lugar, pero yo quiero que al menos quede constancia de que no admito como segunda vuelta de unos plazos ya convenidos; plazos que, lógicamente, ustedes mismos en sus intervenciones mutuas han reconocido. Se han reunido, han llegado a acuerdos... Es más, en un momento determinado, yo he participado en una de las reuniones en la cual se dijo: "vamos a seguir", y yo no he vuelto a tener ninguna otra confirmación. No se nos impute en que, puestos los papeles encima de la mesa, han transcurrido dos meses sin que haya ningún tipo de alternativa, porque no era ésa la fórmula que al menos en aquella reunión se sugirió de seguir viéndolo, seguir analizando, seguir reflexionando.

Ustedes llegaron a una conclusión. Yo lamento enterarme por los medios de comunicación; es decir: han llegado a un acuerdo y, entonces, lo llevan adelante.

Bueno, están en su legítimo derecho, y quiero que se entienda que en ningún caso estoy intentando coartar la libertad que tiene todo el mundo para hacer lo que crea conveniente; pero al menos no nos imputen la responsabilidad de no haber podido participar en esas conclusiones. Digo en ese caso, como en otros casos que abundan en estos momentos en los medios de comunicación, y que me imagino que serán ciertos; a lo mejor, ni siquiera lo son.

Si dicen Sus Señorías que no lo son, a mí me gustaría que se desmintiesen y quedasen ante los medios de comunicación. Es decir, no nos estamos reuniendo ni viéndonos para el Proyecto de Ley de Cajas ni para... en su día, ni para la Reforma del Reglamento ni para nada más. Yo les voy a dar crédito a lo que ustedes digan aquí. Pero entiéndase que los medios de comunicación están propalando constantemente cuestiones de esta naturaleza y algún fundamento tendrán para hacerlo; no creo que se lo inventen por arte de magia ni por ganas de incordiar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don José Francisco Martín tiene la palabra.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. Y brevísima, brevísimamente, pero yo creo que, como hemos hecho en el Consejo Consultivo, en el caso del Consejo de Cuentas también la Cámara se merece una mínima explicación de qué es la Proposición de Ley y a qué... a qué se dirige el órgano, el Consejo de Cuentas, que hoy traemos a estas Cortes de Castilla y León; y que, en concreto, en el caso del Consejo de Cuentas, todavía más que en el caso del Consejo Consultivo, para el Grupo Parlamentario Socialista es un elemento absolutamente clave que incorpora la última reforma del Estatuto. Absolutamente clave, porque responde al afán de transparencia y de exactitud y en un tiempo adecuado para que los ciudadanos conozcan con estas características, los ciudadanos de Castilla y León, cómo se gestionan realmente los recursos públicos por todas, por todas las Administraciones de Castilla y León.

Es -como ya he dicho- una necesidad ampliamente mantenida desde el Partido Socialista y desde el Grupo Parlamentario Socialista. Hemos tenido que oír muchas extravagancias en relación al Consejo de Cuentas durante muchos años; es una promesa incumplida incluso desde la Investidura del año noventa y cinco. Y hemos tenido que oír hasta declaraciones de la propia actual Consejera de Economía y Hacienda que decía que el Consejo de Cuentas se crearía por encima de su cadáver. Bueno, pues el Consejo de Cuentas, señora Consejera, se va a crear, sin ninguna duda, y con carácter inmediato.

No queremos ahondar, desde luego, más en el pasado, miramos al futuro, y, desde luego, la creación del Consejo de Cuentas significa para nosotros un elemento más en la consolidación definitiva de Castilla y León como Comunidad Autónoma, dado que es un elemento que, prácticamente, todas las demás Comunidades Autónomas ya tienen.

Las características fundamentales, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, con que está dotado el Consejo de Cuentas en su formulación inicial es como órgano dependiente de las Cortes de Castilla y León que ejercerá su actividad sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas estatal, independiente de los entes sujetos a su fiscalización y con un ámbito de aplicación que para nosotros es un elemento fundamental que abarca a todo sector público de Castilla y León (es decir, las propias Cortes, la Administración de la Comunidad Autónoma con todos sus organismos autónomos y empresas públicas, así como Entidades Locales con la misma extensión y las Universidades Públicas de Castilla y León; abarcando, también a todo tipo de consorcios, fundaciones o cualquier otra entidad en que participe estas administraciones).

Hemos recogido, incluso, como iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que el Consejo de Cuentas ejerza su función sobre otros instrumentos jurídicos con repercusiones presupuestarias, como puede ser el método alemán de financiación de infraestructuras, peaje en sombra, etcétera.

Yo creo que presentamos aquí una Proposición de Ley de Consejo de Cuentas absolutamente de última generación en relación a todas las que hay aprobadas en el ámbito nacional.

Desde luego, para nosotros es un elemento fundamental también el alcance de la función fiscalizadora que llegue a analizar, por parte del Consejo de Cuentas, la utilización de los recursos disponibles atendiendo al grado de cumplimiento de los objetivos, al coste de los medios elegidos para su consecución y, desde luego, el análisis de si tales medios se utilizaron de la forma más adecuada.

Esto es, a nuestro juicio, el elemento clave que garantizará la transparencia y el conocimiento por parte de los ciudadanos de cómo se está gestionando su dinero, sus fondos, por parte del sector público de Castilla y León, incluyendo en ese sector público a toda la Administración.

Y, por último, simplemente señalar que también el Grupo Parlamentario Socialista está satisfecho de que en esta Proposición de Ley se haya incorporado el hecho de que, en los informes de fiscalización, el Consejo de Cuentas concrete las medidas que considere... pueda concretar las medidas que considere más adecuadas para depurar las presuntas responsabilidades, proponer la adopción de las medidas que considere pertinentes para la mejora de la gestión económica-financiera de las administraciones y entidades sujetas a su fiscalización, y de los procedimientos de control interno.

Con esto finalizo haciendo, simplemente, como con el Consejo Consultivo, tres llamamientos, tres llamamientos al Grupo mayoritario y, en concreto, al Gobierno Regional:

Primer llamamiento para que la tramitación del Consejo de Cuentas se realice a la mayor brevedad posible y, por supuesto, la designación y composición inicial del Consejo de Cuentas se realice a la mayor brevedad posible, llamamiento a la agilidad.

Llamamiento al Gobierno Regional a la generosidad, a la generosidad para que la dotación inicial de medios personales y materiales del Consejo de Cuentas se haga con esa generosidad, también imprescindible, para que este órgano que nacerá pronto en esta Cámara no nazca lastrado desde el principio, sino que nazca con la suficiente capacidad para poder desarrollar los fines, los fines para los que está creado.

Y, desde luego, y es el último llamamiento, llamamiento a todos los Grupos Parlamentarios y, en concreto, a los representantes del Grupo Parlamentario Mixto, para que, con carácter inmediato, se incorporen en la tramitación parlamentaria, o fuera de la tramitación parlamentaria -por nuestra parte no hay ningún tipo de cortapisa en ese sentido-, al diálogo necesario para llegar al acuerdo y al consenso necesario que creemos es imprescindible para un órgano de la importancia del Consejo de Cuentas para Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Don Francisco Vázquez, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra.

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente, en primer lugar, lo que quiero decir es que nosotros ponemos en el mismo plano de igualdad tanto el Consejo Consultivo tratado con anterioridad como el Consejo de Cuentas. Es decir, no hacemos ningún tipo de rango ni preponderancia sobre los mismos, porque, como he dicho anteriormente, creemos que son dos órganos importantes: uno que configura una Administración Autonómica en su cúspide máxima, desde el punto de vista consultivo, y otro que, en la misma esencia del parlamentarismo, lo que hace es controlar las actividades, no sólo del Gobierno, como ha dicho muy bien el representante del Grupo Socialista en cuestiones económicas, sino también de todos los fondos públicos, incluidos los que, por supuesto, tiene esta Cámara; esta Cámara, como la Administración, como las Entidades Locales, las Corporaciones Locales y otros entes dotados de independencia y de autonomía, como son las propias Universidades, y que así se recoge en el propio Articulado de este Consejo de Cuentas.

Y decía que es en la esencia misma del parlamentarismo, puesto que si los Parlamentos nacieron para el control presupuestario de los Gobiernos, no es menos cierto que estos tipos... este tipo de órganos, no sólo de consulta -que también se recoge así, como órgano de consulta por parte de las Cortes en materia presupuestaria de contabilidad, de intervención y de auditoría-, sino como órgano de fiscalización y como órgano de control de todas las cuentas públicas.

Por lo tanto, en esta esencia también estamos de acuerdo en que se comience a regular estos mecanismos. Pero diciendo esto no podemos caer en el vacío, es decir, no podemos dar la sensación de que hasta ahora no ha habido ningún tipo de control ni presupuestario, ni de intervención, ni de auditoría, ni de contabilidad; más lejos de la realidad. Partiré, por lo tanto, como anteriormente, del órgano que tiene encomendadas esas funciones, el control externo de la Administración, no el propio control interno de la Administración de la Comunidad Autónoma a través de la Intervención, sino el propio control externo de la contabilidad pública de nuestra Comunidad Autónoma.

Y así, el propio Tribunal de Cuentas recoge en el Artículo 136 que es el que debe realizar esas funciones. Sin embargo, en nuestra Comunidad Autónoma se ha realizado en dos planos, como bien conocen Sus Señorías: por una parte, a través de estas Cortes Generales... perdón, de estas Cortes de la Comunidad Autónoma y, por otro lado, también por el propio Tribunal de Cuentas. Y así mensualmente a esta Cámara ha venido puntualmente información presupuestaria por parte del Gobierno Regional, en lo que se refiere al estado de ejecución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma; repito, con periodicidad mensual. Al estado de ejecución del Presupuesto de los organismos autónomos de nuestra Comunidad, también mensualmente; y a la publicación, también mensual, en el Boletín Oficial de Castilla y León del estado del resumen de los Presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma; amén de otras cuestiones que, lógicamente, a través de aportaciones como sociedades de garantía recíproca también reciben información mensual estas Cortes Generales.

Pero, además, también ha recibido una información de carácter bimensual en todo lo referente a todas las modificaciones y variaciones presupuestarias, al estado de ejecución de las inversiones programadas, a las subvenciones directas, concedidas por la Junta de Castilla y León. Y también, desde una periodicidad bimensual, a los pactos suscritos por el... por la Junta de Castilla y León en cuestiones laborales; a los avales suscritos por las sociedades y a las operaciones de crédito.

Pues, independientemente de toda esta información mensual y bimensual que ha recibido esta Cámara de todas las cuestiones presupuestarias y de todas las cuestiones que van a estar también sometidas a fiscalización de este Consejo de Cuentas, la más importante fiscalización externa ha venido dada por el propio Tribunal de Cuentas, que no podemos obviar porque en su propio Artículo 153 ha establecido que esto sea así. Y que el destinatario directo, precisamente, de los informes del Tribunal de Cuentas sean las propias Cortes de Castilla y León, como así se han conocido. Pero el destinatario también inmediato de estos informes y de esta fiscalización del Tribunal de Cuentas sea también el propio ciudadano, puesto que han sido publicados todos y cada uno de los informes en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Por lo tanto, como digo, no debemos de caer en el error de pensar que con este Consejo de Cuentas venimos a cubrir una laguna que ahora no existía, desde el punto de vista formal y desde el punto de vista del control presupuestario por parte de nuestra Comunidad Autónoma, que sí que se realizaba, sino que lo que queremos es tener un órgano de control propio y, así, por lo tanto, nos vamos a dotar de este Consejo de Cuentas.

En lo que respecta a algunas cuestiones también aquí planteadas, como la referencia a la propia configuración del Tribunal, es la propia Proposición la que mantiene y, sobre todo, soluciona estas cuestiones al dar un plazo de seis meses, a través de las Disposiciones Adicionales, para la constitución del propio Consejo de Cuentas, y otro plazo de seis meses para que el propio Consejo de Cuentas se dote del Reglamento respectivo.

Y, por lo tanto, yo también apelo aquí no sólo a la generosidad -y llamo a todos los Grupos al consenso-, sino también lo que creo es que en este sentido y en esta Proposición de Ley se ha hecho un buen trabajo, se ha hecho en el momento oportuno, que ya he explicado con anterioridad para el otro Consejo, y que, por supuesto, todos estos trabajos han estado y están siempre abiertos al diálogo de todos los Grupos Parlamentarios. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Procedemos a la votación. ¿Las Cortes toman o no en consideración la Proposición de Ley reguladora del Consejo de Cuentas de esta Comunidad? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y nueve. Setenta y seis a favor. Tres en contra. Y ninguna abstención. Queda, por lo tanto, aprobada la toma en consideración de esta Propuesta.

Y la Mesa de las Cortes la remitirá a la Comisión correspondiente para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Pasamos al siguiente y último punto del Orden del Día. Señor Secretario le ruego dé lectura al mismo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Decimoséptimo y último punto del Orden del Día: "Propuesta de don Román Pedro Constriciani Scatolini como candidato para sustituir a don Justo Lombraña Martín en el Consejo Social de la Universidad de León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

El Grupo Parlamentario Socialista propone al Pleno de la Cámara, por lo tanto, la candidatura de don Román Pedro Constriciani Scatolini para formar parte del Consejo Social de la Universidad de León en sustitución de don Justo Lombraña Martín que renuncia a este cargo. ¿Se aprueba o no se aprueba esta Propuesta? ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba por asentimiento.

Y, muchas gracias. Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las trece horas quince minutos.)